Bolivia amplía 90 días su estado de excepción mientras aguarda el visto del Congreso

El gobierno boliviano aprobó este lunes un decreto que prorroga el estado de excepción por noventa días más, con vigencia a partir del 18 de septiembre, fecha en que expiraba el primer período establecido el 20 de junio. La medida, pensada para contener nuevas movilizaciones sociales, solo entrará en vigor una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la ratifique.

El gabinete selló la decisión

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, anunció que el decreto será publicado en las próximas horas y que su puesta en marcha dependerá del voto parlamentario. «Hemos aprobado un decreto que se publicará en breve y que se mantendrá mientras persistan los factores de riesgo», señaló el ministro en la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete encabezada por el presidente Rodrigo Paz.

Parlamento bajo presión para decidir

El senador Milton Quispe, de la oposición Unidad, recordó que la ALP tiene un plazo de 72 horas para analizar la norma y aprobarla por simple mayoría, tal como dicta el reglamento interno. La urgencia del debate quedó patente un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara la intención de presentar el decreto ante el Congreso, argumentando que existe un amplio consenso ciudadano a favor de la extensión.

Contexto de la crisis social

La medida se produce tras una ola de protestas entre mayo y junio, cuando la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) organizaron bloqueos de carreteras en el occidente y centro del país, con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales. Las manifestaciones, que exigían la renuncia de Rodrigo Paz, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, dejando al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 3.000 millones de dólares.

Reacciones y temores políticos

Jorge Tuto Quiroga, ex presidente (2001‑2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, advirtió que una nueva extensión del estado de excepción retrasaría la reforma constitucional prevista para atraer inversión extranjera. Por su parte, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que también busca prolongar la medida, argumentando que es necesario proteger la reactivación económica del país.

Con la extensión en juego, Bolivia se enfrenta a la disyuntiva de equilibrar la seguridad interna con la presión de sectores que reclaman cambios profundos, mientras la comunidad internacional observa de cerca la evolución del conflicto social.

Explorá más noticias en nuestra sección: Mundo