Nicaragua registra 161 desapariciones forzadas desde 2018, advierte la ONU

El informe de la ONU confirma la magnitud del problema

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos una investigación que documenta al menos 161 casos de desapariciones forzadas en Nicaragua desde abril de 2018. De esos números, 29 personas siguen sin ser localizadas al 31 de agosto de 2026, y la cifra podría crecer porque muchas familias temen represalias y dejaron de denunciar.

El método se endurece y se prolonga

Lo que al inicio consistía en detenciones breves para castigar a opositores ha evolucionado, a partir de 2023, en una práctica sistemática de retenciones prolongadas. El reporte, titulado “Anatomía de la crueldad estatal”, muestra que la duración de los hechos pasó de días a meses e incluso años, convirtiéndose en una herramienta estratégica para silenciar a críticos del régimen.

Testimonios de víctimas y familiares

El abanico de personas afectadas incluye dirigentes religiosos, activistas políticos, periodistas, líderes indígenas, militares retirados, exfuncionarios y familiares de opositores. Las capturas se realizan sin orden judicial, en casas, lugares de trabajo, calles, iglesias o durante operativos policiales simultáneos, a veces con policías uniformados y civiles armados en vehículos sin placas.

Tras la aprehensión, las autoridades niegan la detención o se niegan a indicar el paradero, obligando a familiares y abogados a recorrer delegaciones, cárceles y oficinas del Ministerio Público sin obtener respuestas. La ausencia de orden judicial, identificación oficial y notificación de reclusión dificulta la localización inmediata de la víctima.

Impacto humanitario y legal

Las personas desaparecidas quedan fuera de la protección legal: sin defensa, sin comunicación familiar, sin supervisión médica y sin control judicial. El informe señala tortura, malos tratos, aislamiento, escasa alimentación, falta de agua potable y ausencia de atención médica como condiciones habituales. El sufrimiento se extiende a los familiares, que viven una angustia constante al no saber si sus seres queridos están vivos.

Casos emblemáticos y posible delito de lesa humanidad

Entre los casos documentados destacan el periodista Víctor Ticay, detenido en abril de 2023 y desaparecido 67 días; el profesor Freddy Quezada, 282 días; el pastor Walner Blandón, 270 días; su esposa Marisela Mejía, 265 días; y el poeta activista Carlos Bojorge, 248 días. Todos fueron liberados y expulsados en septiembre de 2024. Otros siguen desaparecidos: el coronel retirado Víctor Boitano Coleman, 861 días; Eddie González Valdivia, 779 días; el líder indígena Steadman Fagoth Müller, más de 80 días; José Danilo Jirón, 541 días; y la familia Flores Castillo, 528 días.

El Grupo de Expertos advierte que la práctica persigue un objetivo político: neutralizar voces críticas y sembrar terror en la población. Cada día sin respuesta constituye una renovación del delito y, según la ONU, las desapariciones prolongadas pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad dentro de un ataque sistemático contra civiles que se inició en 2018 y sigue vigente.

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