Bolivia rechaza a Luis Montaño como fiscal interino y delega la sucesión al Congreso
El Ejecutivo boliviano niega la designación de Montaño y deja la decisión del nuevo fiscal general en manos del Parlamento.
El Gobierno niega a Luis Montaño como fiscal general interino
El presidente Rodrigo Paz, al frente del Ejecutivo boliviano, anunció este lunes que no reconoce a Luis Montaño como fiscal general interino del Ministerio Público. La medida se produce justo después de la detención del titular del organismo, Roger Mariaca, y transfiere la responsabilidad de nombrar al sucesor al Congreso.
Operativo que culminó con la captura de Roger Mariaca
En una redada que involucró a trece personas, entre fiscales, funcionarios judiciales y un jefe policial, las fuerzas de seguridad arrestaron a Roger Mariaca, electo en 2024 para un mandato de seis años. Las autoridades lo acusan de comandar una organización criminal dentro del Ministerio Público que habría protegido rutas de narcotráfico.
Entre los detenidos también figuró Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, excandidato del Movimiento al Socialismo. El operativo buscó al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien había escapado de una redada en 2023 y fue capturado en marzo de este año.
Acusaciones contra Luis Montaño
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que Montaño actúa sin respaldo legal y que intentó apartar a fiscales que investigaban a los detenidos. “De manera ilegal e ilegítima, está usurpando funciones al autodeclararse fiscal general”, afirmó, advirtiendo que el hombre está siendo buscado y será detenido si persiste en su accionar.
Gálvez pidió esperar una evaluación jurídica antes de definir la sucesión, subrayando que el caso “todavía está en evolución” y que la ciudadanía debe tener paciencia.
Presión internacional y reacción de Estados Unidos
La detención de Mariaca coincidió con la revocación, por parte de EE.UU., de los visados de varios altos funcionarios bolivianos, incluido el propio fiscal. Washington los acusó de participar en actos graves de corrupción, de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a personas investigadas por delitos violentos a evadir la justicia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su respaldo al presidente Paz y a sus medidas contra el crimen organizado, señalando que la anulación de visas es una herramienta para presionar a gobiernos que toleran la delincuencia transnacional.
Contexto político y repercusión institucional
La polémica sobre la sucesión del Ministerio Público no es la primera vez que el Ejecutivo boliviano se topa con tensiones frente a la rama judicial. En los últimos años, varios fiscales fueron removidos o sustituidos tras investigaciones que involucraron a políticos y empresarios vinculados al narcotráfico, lo que generó debates sobre la independencia del órgano.
Al delegar la decisión al Legislativo, el Gobierno busca evitar una nueva escalada institucional y garantizar que la designación cuente con el respaldo constitucional necesario. La Asamblea Legislativa tendrá que convocar a los partidos para definir al próximo fiscal general, una tarea que probablemente se convierta en otro punto de fricción entre la oposición y la coalición oficialista.
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