OEA obliga a Nicaragua a detener la represión y a restablecer el voto tras impulso argentino
La OEA aprueba por unanimidad una medida que exige a Ortega y Murillo el fin de la represión y la garantía del sufragio.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución que obliga al gobierno sandinista de Nicaragua a cesar la represión ilegal y a garantizar el derecho al voto, práctica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había suspendido para perpetuarse en el poder.
Argentina lidera la moción junto a sus aliados regionales
La iniciativa salió de la diplomacia argentina y contó con el respaldo de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. Cada uno de esos países subrayó la urgencia de frenar la erosión de los derechos humanos en Managua y evitar que la junta sandinista consolide una autoridad autoritaria.
Brasil, México y Uruguay se oponen bajo la bandera de la no injerencia
En la discusión, los representantes de Brasil, México y Uruguay, encabezados por Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi, rechazaron varios párrafos de la propuesta. Su objeción giró en torno al principio de no injerencia en asuntos internos, argumentando que la medida podría afectar intereses estratégicos vinculados a China, Rusia e Irán, que mantienen relaciones comerciales y de seguridad con el gobierno nicaragüense.
El consenso que permitió la aprobación unánime
Tras una larga negociación, que incluyó ajustes de redacción y compromisos de seguimiento, la resolución fue aprobada por unanimidad. Entre los puntos exigidos a Ortega y Murillo están la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, la apertura de un diálogo con todos los sectores políticos y la entrega de recomendaciones concretas en un plazo de sesenta días para impedir la consolidación de decisiones autoritarias.
Antecedentes de la crisis electoral nicaragüense
El 19 de julio, Ortega anunció la supresión definitiva de los derechos electorales, asegurando que “no volverán a haber elecciones”. Días después, el 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que prohibió la participación de partidos opositores y extendió la duración del mandato presidencial de seis a siete años. Esa reforma dejó sin elecciones al país el 1 de noviembre y abrió la puerta para que Ortega y Murillo permanezcan en la cúpula del poder hasta 2033, con una segunda votación prevista para el 18 de enero de 2027.
Implicancias para la región y la comunidad internacional
Si la OEA no logra frenar la ofensiva totalitaria, Nicaragua corre el riesgo de profundizar su crisis institucional, lo que podría desestabilizar a los países vecinos y a los flujos migratorios que ya afectan a Centroamérica. La resolución, aunque simbólica, marca un precedente de presión colectiva que busca evitar que la ausencia de elecciones se convierta en la norma en la zona.
Próximos pasos y expectativas de cumplimiento
El Grupo Ministerial de Seguimiento, que se constituirá en las próximas semanas, tendrá la tarea de evaluar la situación en terreno, recoger denuncias de la sociedad civil y presentar un informe al secretario general de la OEA. La comunidad internacional observa con atención, pues el cumplimiento de las exigencias podría abrir la puerta a nuevas sanciones o a la reactivación de diálogos diplomáticos que busquen una salida negociada al estancamiento político nicaragüense.
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