Córdoba propone que las apps de transporte paguen multas por asignar viajes sin habilitación

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este martes la presentación de una ordenanza que modificaría la Norma N.º 13.549 y el Código de Convivencia Ciudadana para obligar a las plataformas digitales de transporte a asumir la responsabilidad económica cuando asignen viajes a vehículos o conductores sin habilitación municipal.

La carga recae en la empresa, no en el chofer

Impulsada por el concejal Diego Casado, de Hacemos Unidos por Córdoba, la iniciativa plantea sanciones de hasta $ 246.840.000 para las compañías que incumplan. La idea es evitar que la multa y la retención del automóvil recaigan sobre el trabajador, trasladando la carga al operador privado.

«El proyecto concentra la sanción económica por una irregularidad registral exclusivamente en la empresa privada. Con esto se evita que la multa y la extracción del automóvil recaigan sobre el chofer», señaló Casado a Hoy Día Córdoba, subrayando la necesidad de un «doble control» entre el Estado municipal y las apps para fiscalizar a conductores y unidades.

Cómo operará el nuevo esquema de sanciones

Si la única irregularidad detectada sea de carácter registral –por ejemplo, falta, vencimiento o ausencia de inscripción municipal– la multa se aplicará únicamente a la plataforma. El conductor y el propietario recibirán una intimación para detener el viaje y regularizar su situación en 30 días, sin que el vehículo sea arrastrado al depósito.

La retención preventiva quedará limitada a casos de seguridad vial o documentación grave, como licencia vencida, falta de seguro obligatorio, ITV caducada o suplantación de identidad.

Control obligatorio y rango de multas

Las apps deberán validar la vigencia de habilitaciones de choferes y unidades antes de crear una cuenta y antes de despachar cada viaje, bloqueando automáticamente la recepción de solicitudes si detectan irregularidades. «Queremos que las plataformas controlen de manera taxativa lo que hoy no está sucediendo», enfatizó Casado.

Las multas por asignar viajes sin habilitación oscilarán entre 1.000 y 3.000 UEM (entre $ 16.456.000 y $ 49.368.000) y pueden elevarse a 2.000‑5.000 UEM en casos de reincidencia. Si la empresa opera sin habilitación municipal, la sanción será de 3.000‑15.000 UEM, acompañada de la orden de cese de actividad.

El texto contempla suspensiones de la app de 30 a 180 días e inhabilitaciones de hasta dos años, o definitivas tras tres sanciones firmes en 12 meses. Además, prohíbe que la empresa traslade o descuente el valor de la multa al conductor, tipificando esa práctica como infracción autónoma.

Fiscalización, plazos y canales de diálogo

Para garantizar la trazabilidad, la norma exigirá a las plataformas conservar los registros de viajes y validaciones durante 24 meses, facilitando su acceso a requerimientos municipales.

Una vez reglamentada la norma, las apps dispondrán de 30 días corridos para adaptar sus sistemas y contratos. La Autoridad de Aplicación pondrá en marcha un programa de asistencia digital de 60 días para acompañar la formalización e inscripción de los trabajadores, intentando ordenar el ecosistema sin afectar la prestación del servicio.

Sobre la relación con empresas como Uber o Cabify, Casado señaló que aún no hubo reuniones formales, pero el canal de diálogo está abierto: «Si quieren preservar el negocio y garantizar que el transportado lo haga en óptimas condiciones, no tendrían inconveniente». Añadió que cualquier problema generado por un conductor repercute en la sociedad.

Con esta propuesta, el debate en el Concejo busca sentar un nuevo precedente en la regulación de la movilidad urbana cordobesa. De aprobarse, la ciudad desplazaría la presión sancionatoria de los trabajadores a las plataformas, asegurando estándares de seguridad vial y reglas claras sin desproteger la fuente de ingresos de miles de familias.

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