Docentes de la UNC reclaman aumento del 34 % para recuperar su poder adquisitivo

Este jueves, docentes, investigadores y personal no docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) salieron a la calle de la ciudad y de varias provincias para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el gobierno nacional lleva casi un año sin cumplir.

La movilización, organizada por la quinta Marcha Federal Universitaria, se inscribe dentro de una oleada de reclamos que incluye jubilados, organizaciones de personas con discapacidad, deudores morosos y defensores de la Ley de Tierras, todos bajo el mismo frente de protesta contra la gestión de Javier Milei.

Una caída histórica del salario

Leticia Medina, secretaria general del gremio de docentes e investigadores de Córdoba (ADIUC), explicó a Hoy Día Córdoba que la brecha salarial es alarmante. Para volver al poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, los docentes y el personal no docente necesitarían un aumento del 34 % en octubre; los preuniversitarios, del 43 %. Si la referencia se retrotrae al mejor salario registrado en los últimos diez años, en agosto de 2015, la cifra asciende a un 94 % de aumento necesario. “El atraso salarial no es una cuestión de números, es una cuestión de dignidad”, sostuvo Medina.

Alianzas y reclamos de la quinta Marcha Federal

Medina subrayó que esta marcha es “especial” porque reúne a la universidad con otros sectores que comparten la misma lucha contra políticas que, según ella, generan “mucho daño”. Además de la defensa del presupuesto universitario, la convocatoria incluye la exigencia de derogar el DNU 70/23, que ajusta jubilaciones y pensiones, y la restitución de la Ley de Tierras, que protege la soberanía nacional sobre recursos y territorio. “La universidad se vuelve una línea de continuidad con otras demandas sociales: democracia, educación, ciencia y desarrollo”, afirmó.

Desconfianza frente al Gobierno Milei

Medina dejó clara su falta de confianza en que el Ejecutivo cambie de postura. “La política de desmantelamiento y ajuste es parte de un proyecto de país que se viene desplegando desde el inicio”, dijo. Sin embargo, el gremio apuesta a que la presión de la movilización, sumada a la resonancia en la Justicia y el Congreso, pueda obligar al gobierno a restituir el presupuesto universitario y a cumplir con leyes que protegen a jubilados, personas con discapacidad, la salud pública y la educación.

Próximos pasos y acciones judiciales

Tras la marcha, ADIUC espera una respuesta oficial y vigilará los debates en el Congreso sobre la derogación del DNU 70/23 y la discusión del Presupuesto 2027. La organización anunció una Asamblea General de afiliados la semana siguiente y, posteriormente, un Congreso de la federación CONADU, que aglutina a los gremios de base de todas las universidades públicas. “Creemos que la pelea continuará el año que viene porque el gobierno está decidido a ahogar a las universidades públicas”, advirtió Medina, señalando que la situación será un tema clave en las elecciones de fin de año.

En el plano judicial, la Corte Suprema dictó multas diarias al jefe de gabinete Diego Santilli por incumplir la Ley 27795, lo que, según la dirigente, muestra que “la vía judicial nos ha permitido avanzar en una discusión frontal con el Gobierno”. Para ADIUC, este avance confirma la intencionalidad del gobierno de vulnerar derechos universitarios y democráticos y refuerza la necesidad de seguir luchando en la calle y en los tribunales.

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