Milei impulsa un nuevo esquema de retiros voluntarios para funcionarios de la administración central
El nuevo decreto amplía la lógica de ajuste salarial, pero limita la reincorporación al sector público por ocho años.
El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto 1203/2026, que abre una nueva etapa de retiros voluntarios dirigida exclusivamente a los empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La convocatoria, vigente del 1 al 30 de noviembre y con posibilidad de extenderse 30 días más, permite a los funcionarios que cumplan los requisitos abandonar su puesto a cambio de una compensación calculada en función de la edad, los aportes y la antigüedad.
Condiciones para acceder al programa
Para inscribirse, el trabajador debe pertenecer a la planta permanente o contar con un contrato a tiempo indeterminado y ejercer funciones dentro de la administración central del Estado. Quedan excluidos quienes tengan procesos penales o sumarios administrativos pendientes, reclamos laborales abiertos contra el Estado, o estén en disponibilidad o hayan presentado una renuncia sin que esta haya sido aceptada. La inscripción implica la ruptura definitiva del vínculo laboral y la eliminación del cargo presupuestario, con una prohibición de reincorporación al sector público nacional durante ocho años.
Qué sectores quedan fuera
El decreto descarta a los organismos descentralizados, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), al Servicio Exterior y a otros sectores expresamente señalados en el texto. La medida se circunscribe a la administración central, dejando fuera a empleados de provincias y municipios, que siguen bajo la jurisdicción de sus gobiernos locales.
Antecedentes recientes
Esta iniciativa sigue a la segunda fase del Plan de Retiros de Voluntad Recíproca lanzada por la ANSES a fines de septiembre, dirigida a empleados de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024. Esa convocatoria cerró el 30 de septiembre y ofreció compensaciones de hasta 19 haberes brutos, con una prohibición de reingreso al sector público nacional durante cinco años. El nuevo decreto de Milei amplía la lógica del ajuste, pero con una cobertura más restrictiva y una penalización mayor para quienes intenten volver al Estado.
Contexto político y económico
Desde su asunción, el gobierno de Milei ha puesto en marcha una agenda de “motosierra” que incluye la licuación de salarios del sector público, la reducción de subsidios y la privatización de empresas estatales. En declaraciones recientes, el mandatario celebró la caída de los salarios como una consecuencia esperada de su modelo libertario. Con la firma del nuevo decreto, el Ejecutivo busca acelerar la reducción de la nómina, argumentando que la medida aligera la carga fiscal y permite reorientar recursos hacia la inversión en defensa y otras prioridades del gobierno.
Reacciones de sindicatos y analistas
Los sindicatos del sector público calificaron la medida como un ataque directo a los derechos laborales y anunciaron movilizaciones en varias capitales provinciales. Por su parte, economistas liberales consideran que el plan podría generar un ahorro significativo en el presupuesto nacional, aunque advierten sobre el riesgo de desincentivar la permanencia de profesionales capacitados en la administración pública. Los empleados que evalúan la propuesta deben sopesar la compensación inmediata frente a la imposibilidad de volver al sector público durante casi una década.
En definitiva, el Decreto 1203/2026 marca un nuevo punto de inflexión en la política de ajuste del gobierno mileísta, poniendo en la balanza la reducción de la plantilla estatal frente a la estabilidad laboral de miles de funcionarios que dependen del empleo público para su sustento y el de sus familias.
Explorá más noticias en nuestra sección: Argentina
