Milei y Presti sellan decreto de secreto militar mientras destinan 500 millones a la Defensa
Milei y Presti sellan un decreto de secreto militar mientras asignan medio millar de millones a la modernización de las Fuerzas Armadas.
El lunes 19 de octubre, en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Presti firmaron el decreto 1205/2026 que declara secreto militar a un proceso de compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, mantiene en reserva los contratos y la información técnica de la adquisición.
El decreto y sus implicancias
Según el texto del decreto, la naturaleza y la finalidad del material adquirido justifican que sólo personas autorizadas tengan acceso a los datos; cualquier difusión podría comprometer la seguridad nacional. Con esa cláusula, el proceso queda fuera de las habituales obligaciones de publicidad y difusión que rigen las contrataciones estatales.
Una partida de 500 millones de dólares para modernizar el aparato militar
El gobierno anunció que destinará medio millar de millones de dólares a la compra de aviones de caza F‑16, blindados tipo Stryker, helicópteros de ataque y transporte, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval. “Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, sostuvo el ministro Presti en un video difundido el viernes.
Contexto de austeridad y polarización política
Mientras la administración Milei acelera la “motosierra” de ajustes en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, la defensa se presenta como la única cartera que recibe una inyección de recursos tan significativa. Desde el inicio de su mandato, la modernización del armamento ha sido parte central del discurso del presidente, que la vincula con la recuperación de la soberanía y el impulso a la industria nacional.
Transparencia bajo la lupa
Expertos en defensa y en control de la gestión pública expresaron preocupación por la falta de información, aduciendo que la confidencialidad dificulta la fiscalización ciudadana y el control del gasto público. Por su parte, los defensores del decreto argumentan que la reserva es indispensable para evitar que actores externos obtengan datos sensibles que puedan comprometer la operatividad de los nuevos sistemas.
Impacto social y debate de prioridades
En medio de una crisis económica que golpea a jubilados, discapacitados y familias de bajos ingresos, la decisión de priorizar la modernización militar genera un intenso debate. Para algunos, la inversión representa una apuesta por la seguridad y la proyección internacional; para otros, un desvío de recursos que deberían destinarse a los sectores más vulnerables.
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