Presidentes de los colegios de Arquitectos e Ingenieros de Córdoba detenidos por presunta subdeclaración en la Caja de Previsión

Este miércoles la Fiscalía de Casos Complejos, bajo la dirección del fiscal Enrique Gavier, ejecutó cinco detenciones y nuevos allanamientos en la zona sur de la ciudad. Entre los detenidos se encontraban Inti Manuel Smith, presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas, y Nicolás Luis Paulín, al frente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, junto a Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez y Liliana Rosa Scaglia.

El supuesto esquema de fraude

Según la hipótesis de la fiscalía, el núcleo del presunto delito consistía en la subdeclaración de valores en obras de construcción. Al rebajar artificialmente el costo formal de los proyectos, se reducía proporcionalmente el aporte previsional y las tasas que debían ingresarse a la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Construcción. La práctica habría mermado el patrimonio de la entidad y generado un perjuicio directo a los fondos jubilatorios de los profesionales del rubro.

Antecedentes judiciales

La causa salió a la luz en el primer semestre del año tras la denuncia del ingeniero Jorge Santecchia, directivo de la Caja, con el acompañamiento del abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini. El 6 de agosto se realizaron allanamientos simultáneos en el sector sur de Córdoba y el juez de Control José Milton Peralta dictó la intervención judicial de la Caja, estableciendo un régimen de coadministración para garantizar la continuidad de la gestión mientras se investigaba el caso.

Motivaciones de la medida cautelar

Los cinco detenidos ya estaban formalmente imputados; Liliana Rosa Scaglia, vocal titular del directorio, figura como presunta coautora de defraudación por administración infiel, y el resto como partícipes necesarios. La fiscalía elevó la gravedad al constatar actos de entorpecimiento de la investigación y el incumplimiento de condiciones de libertad impuestas a algunos acusados, lo que justificó la privación de la libertad para preservar pruebas y evitar nuevas irregularidades.

Control de la Caja y garantías procesales

Paralelamente, la Fiscalía reforzó la intervención del interventor judicial, el contador Pablo Artino, prohibiendo a los colegios profesionales y al Consejo de Control de Gestión convocar asambleas que intenten modificar decisiones mientras dure la medida. Se le concedió acceso total a sedes, registros de obras, expedientes de honorarios y la facultad de entrevistar al personal administrativo. La autoridad recordó que estas decisiones no constituyen una condena definitiva y que deben respetarse las garantías constitucionales y el principio de inocencia.

El caso también tuvo eco político: Diego Peralta, entonces secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, abandonó su cargo tras ser vinculado al proceso junto a otros directivos de la Caja, como Gustavo Noé Mícolo y Ana Margarita Ruzycki.

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