ONU denuncia la indefensibilidad de los derechos humanos en Nicaragua tras la reforma constitucional del FSLN

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó este miércoles la situación de derechos humanos en Nicaragua como “absolutamente indefendible”, luego de publicar un informe que muestra la concentración total del poder en manos del presidente Daniel Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El informe de la oficina del comisionado

Türk describió el escenario como un “secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante”. Según el documento, el abuso sistemático del poder ha debilitado los mecanismos de control y deja a la mayor parte de la población sin recursos ante violaciones y abusos. El reporte cubre el periodo de junio de 2025 a junio de 2026 y registra al menos ocho desapariciones forzadas y cuatro muertes en detención, todas vinculadas a autoridades nicaragüenses.

Reforma constitucional que consolida el poder

Dos semanas antes, la Asamblea Nacional, controlada íntegramente por el oficialismo, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide a la oposición participar en las próximas elecciones. La norma, votada el 1 de septiembre en León, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye del comicio a quienes hayan planeado un “golpe de Estado”, a los calificados como “traidores a la patria” o a quienes soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”. Además, eleva a Rosario Murillo, esposa de Ortega, a la condición de copresidenta con amplias competencias sobre los órganos legislativo, judicial, electoral y regional.

Repercusiones para la oposición y la sociedad civil

Los dirigentes opositores en el exilio aseguran que la reforma busca blindar la continuidad del poder ante los problemas de salud del mandatario, de 80 años, que padece lupus y afecciones renales. La medida también pospone las elecciones generales previstas para noviembre de 2024 hasta finales de 2027, consolidando una mayoría absoluta del FSLN en el poder legislativo, los 153 municipios y los consejos regionales de la costa caribeña.

Antecedentes de represión y cierre de organizaciones

El informe remonta al punto de inflexión de abril de 2018, cuando protestas contra reformas del sistema de pensiones fueron reprimidas con más de 300 muertos, según cálculos de la ONU. Desde entonces, la represión se ha institucionalizado: en ocho años se disolvieron arbitrariamente 5.539 organizaciones civiles y se clausuraron 56 medios de comunicación, el último cierre de un medio en 2023. «Ya casi no queda nada que cerrar», lamentó Türk, que instó a liberar de inmediato a todos los detenidos sin causa legal.

Reacciones internacionales y llamado a la acción

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acusó a la Asamblea de “destripar lo que quedaba de la democracia” y anunció que la OEA evaluará nuevas medidas en su próxima reunión ministerial. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con preocupación el avance del sandinismo hacia una dictadura de partido único, mientras la población nicaragüense se encuentra cada vez más aislada de cualquier vía de reclamo o defensa de sus derechos.

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