Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre y pone la vivienda como eje de la campaña
El Gobierno acelera el comicio y la vivienda pasa a ser la principal carta de batalla política.

Pedro Sánchez anunció este viernes que la convocatoria de elecciones generales se adelantará al 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara los dos decretos‑ley de vivienda que su Gobierno había impulsado. La medida, que se dio en medio de una fuerte presión social, busca transformar la crisis habitacional en la principal carta de batalla política.
El bloqueo parlamentario que encendió la decisión
Los textos, orientados a frenar los desahucios y a limitar la especulación inmobiliaria, fueron vetados por el PP, Vox, UPN y, en el último momento, por Junts. La votación pretendía responder al clamor generado por el desalojo de la anciana Maricarmen en Granada, pero no alcanzó los apoyos necesarios y quedó en el limbo.
Convertir la crisis de la vivienda en un referéndum político
Desde La Moncloa, Sánchez defendió que la coalición progresista ha navegado una legislatura “muy bronca” y que la falta de acuerdo en materia de vivienda evidencia la “ola ultraderechista” que quiere recortar derechos. El presidente planteó que la jornada electoral será, en esencia, un referéndum sobre la política habitacional y la justicia social.
Reacciones de la oposición y de los socios catalanes
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusó al Ejecutivo de intentar cargar la culpa de la escasez de viviendas nuevas sobre la oposición. Por su parte, Carles Puigdemont y Junts, que inicialmente habían prometido abstenerse, decidieron votar en contra del segundo decreto, argumentando que la prórroga automática de los alquileres vulnera la autonomía regional.
El contexto social que alimenta la decisión
Las imágenes de los antidisturbios desalojando a Maricarmen, de 87 años, se viralizaron y llegaron a la ONU, provocando una ola de protestas que hoy se extiende a más de una docena de ciudades. En Madrid, la acampada de la Puerta del Sol supera las 2.000 tiendas y decenas de miles de personas salen a la calle exigiendo una huelga general.
Qué esperar de la campaña electoral de noviembre
El Gobierno intentará capitalizar el malestar social y presentarse como la única fuerza capaz de frenar la ultraderecha. Óscar Puente, ministro de Transportes, lanzó el lema “V de vivienda o B de buitre” en redes, buscando movilizar a los votantes desencantados. Mientras tanto, Sumar, Podemos y ERC mantuvieron su apoyo a ambos decretos, y el PNV y Coalición Canaria respaldaron solo el primero, insuficiente para superar la oposición.
Con la fecha de las urnas ya fijada, los partidos se preparan para una contienda que, según Sánchez, definirá si España avanza como “baluarte de apertura y justicia social” o se deja arrastrar por la corriente ultraderechista.
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