Córdoba

Sanciones argentinas obligan a dos contratistas a abandonar el proyecto Sea Lion

El retiro de socios técnicos pone a prueba la agenda 2027 del yacimiento en Malvinas.

El gobierno argentino aplicó sanciones que obligaron a dos contratistas a abandonar el proyecto petrolífero Sea Lion, ubicado en la zona de las Islas Malvinas, generando la primera oleada de consecuencias tras la medida.

Salida de los contratistas y riesgo para el FPSO

Los dos proveedores anunciaron su retirada alegando la posibilidad de enfrentar represalias judiciales y comerciales por participar en actividades que Buenos Aires califica de ilegales. En paralelo, el astillero singapurense Seatrium evaluó la rescisión del contrato para remodelar el buque Aoka Mizu, la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) que constituye la pieza clave para procesar el crudo del yacimiento.

Respuesta de los operadores y movimiento en la bolsa

Rockhopper Exploration informó a la Bolsa de Londres la salida de los contratistas y aseguró que la decisión no altera, por ahora, el cronograma previsto ni supone un perjuicio significativo para el desarrollo del proyecto. La compañía subrayó que Navitas Petroleum, operadora mayoritaria, avanza en la búsqueda de reemplazos para las empresas que abandonaron las operaciones.

Navitas mantiene la intención de iniciar la primera fase del desarrollo en 2027, pese a la incertidumbre generada por la pérdida de socios técnicos. En los mercados, la noticia provocó una caída del 1,2 % en las acciones de Rockhopper en Londres y un descenso del 6,59 % en los títulos de Navitas cotizados en Tel Ávivi.

Posición del canciller y la estrategia legislativa

El canciller Pablo Quirno reiteró la postura argentina durante el encuentro Marval Legal Forecast 2027, advirtiendo que una gota de petróleo extraída en la zona no es recuperable y que la estrategia de arbitraje internacional seguirá adelante sin importar la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. Quirno recordó que participar en actividades que el Estado considera ilegítimas puede acarrear costos comerciales y empresariales elevados.

Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que operen sin autorización en el Atlántico Sur. La iniciativa no avanzó esta semana por falta de quórum.

Próxima decisión del TIDM y escenarios futuros

El 28 de noviembre será una fecha clave: el TIDM anunciará su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para suspender las perforaciones en el área disputada. La audiencia pública está prevista para el mediodía en Hamburgo.

Mientras tanto, la administración nacional mantiene abiertas distintas vías de presión, combinando sanciones, acciones judiciales y la posible aprobación de la nueva ley. Las compañías involucradas continúan trabajando para reemplazar a los contratistas que se fueron y preservar el calendario de desarrollo previsto para 2027, aunque el escenario sigue abierto y la incertidumbre persiste.

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