Alquileres en la mira: la Defensoría de Córdoba registra una de cada tres consultas por vivienda

El pasado 1 y 2 de octubre la ciudad de Río Cuarto fue el escenario del II Plenario de la Asociación de Defensoras y Defensores de la República Argentina (ADPRA), donde se congregaron representantes de defensorías de todo el país. Entre los temas que se abordaron, la crisis del acceso a la vivienda tomó un lugar central al quedar al descubierto la presión que ejerce el alza de los alquileres sobre los cordobeses.

Una tercera parte de los pedidos se refiere a la vivienda

Desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba se presentó un relevamiento elaborado por el Centro Público de Mediación Comunitaria. La coordinadora del área, Mónica Cornaglia, indicó que una de cada tres consultas que recibe el centro está vinculada al acceso a una vivienda digna, una proporción que evidencia la gravedad del problema en la provincia.

Los datos del informe revelan que cerca del 40 % de los habitantes de la provincia no cuenta con posibilidades reales de acceder a una vivienda propia o a un alquiler que no supere sus ingresos. El aumento sostenido de los precios, la pérdida de empleo y la dificultad para cubrir los gastos mensuales se combinan para empujar a muchas familias a la exclusión territorial.

Jubilados y personas con discapacidad frente al encarecimiento

En el mismo plenario se destacó la llamada «Canasta de Personas Mayores». Según la información mostrada, la jubilación mínima cubre apenas el 69 % del costo de esa canasta, que incluye medicamentos, servicios y alimentos, pero no contempla el alquiler. Esa brecha genera una presión adicional sobre los hogares de adultos mayores que ya enfrentan un escenario de encarecimiento general.

La delegación cordobesa también adelantó un diagnóstico sobre la crisis que afecta al sector de la discapacidad. El estudio apunta a problemas de cobertura médica, escasez de turnos y dificultades en la entrega de prestaciones, una situación que se agrava cuando la vivienda adecuada se vuelve inalcanzable para estas familias.

Seguridad digital y cooperación entre provincias

Como parte del intercambio de buenas prácticas, Córdoba presentó una campaña de ciberseguridad pensada para ser replicada en otras defensorías. La iniciativa busca contrarrestar el crecimiento de los delitos en entornos digitales, demostrando la amplitud de los desafíos que enfrentan los defensores de derechos en la actualidad.

El encuentro de ADPRA permitió a las distintas instituciones compartir experiencias, comparar datos y trazar líneas de acción conjuntas. En el caso de la vivienda, la presión de los inquilinos cordobeses quedó clara: la defensa del derecho a una morada digna pasa ahora por políticas de control de precios, fomento del alquiler social y medidas que garanticen la estabilidad laboral.

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