Córdoba aprueba una reforma integral del Estatuto del Empleado Municipal

El 28 de octubre de 2026 la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza N° 7244 que modifica el Estatuto del Empleado Municipal, sin dilación y con la expectativa de que el Departamento Ejecutivo la reglamente en los próximos treinta días.

Unificación de proyectos y alcance de la norma

La iniciativa reúne los proyectos presentados por la propia Ejecutiva municipal y los bloques legislativos Hacemos Unidos por Córdoba, UCR y Frente Cívico. Según la concejala Nicolás Piloni, la medida busca cerrar los vacíos que dejaban los decretos aislados y aplicar un marco único que cubra a la planta permanente, la transitoria, los contratados y los funcionarios de planta política.

Nuevos requisitos de antecedentes y pruebas de drogas

Entre los cambios más duros, todo agente municipal tendrá que presentar y renovar anualmente los certificados de antecedentes penales y contravencionales expedidos por la Policía de Córdoba. Además, se exigirá la inscripción en el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

La ordenanza incorpora, por primera vez, la obligación de realizar análisis de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en orina, con controles aleatorios o focalizados en áreas operativas sensibles, como la seguridad vial o la gestión de residuos.

Obligación de comunicar imputaciones penales

El personal quedará obligado a informar formalmente cualquier imputación penal o medida judicial que le afecte. La autoridad competente evaluará cada caso antes de abrir un sumario, dejando claro que la simple imputación no implica sanción o suspensión automática.

Plazo de reglamentación y objetivo de integridad

Con la aprobación legislativa, el Departamento Ejecutivo dispone de treinta días administrativos para dictar la reglamentación y publicar la norma en el Boletín Oficial. La reforma se plantea como un estándar actualizado de integridad pública, orientado a reforzar la transparencia en la prestación de los servicios del Estado local.

Esta movida se inscribe en una tendencia nacional donde provincias como Santa Fe y Mendoza ya habían adoptado controles similares, lo que permite a Córdoba alinearse con mejores prácticas y responder a las demandas de la sociedad civil que reclama mayor claridad en la gestión de recursos y personal.

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