Guyana recibe a seis migrantes deportados bajo el programa de retorno voluntario asistido de EE. UU.

El lunes la Cancillería de Guyana recibió a seis personas que fueron expulsadas de Estados Unidos en el marco del acuerdo provisional firmado con la administración Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Robert Persaud, recordó que el convenio lleva un año en vigor y que su puesta en marcha se dio después de varios meses de negociaciones entre ambos gobiernos.

El esquema de retorno voluntario asistido

El programa, llamado Retorno Voluntario Asistido, no contempla una reasignación definitiva. Cada caso se revisa de forma individual; una vez cerrado el expediente, los migrantes pueden volver a su país de origen o elegir un tercer destino. La normativa exige que los beneficiarios no tengan antecedentes penales y que hayan aceptado de forma voluntaria ser trasladados a territorio guyanés.

Derechos humanos y rol de la OIM

El presidente Irfaan Ali presentó la medida como una muestra de la política de cooperación internacional de su gobierno y como un gesto de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la Cancillería dejó claro que la estadía será transitoria y que el Estado no asumirá gastos de alojamiento ni de asistencia; esas tareas recaerán en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tendrá la responsabilidad de garantizar condiciones dignas.

Guyana y la red caribeña de países receptores

Con esta acción Guyana se suma a una lista de más de treinta naciones que firmaron acuerdos similares con Washington para recibir a migrantes expulsados, aunque no sean ciudadanos del país receptor. En el Caribe, San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía también aceptaron contingentes reducidos. Más al sur, Suazilandia informó a fines de agosto que recibió a dos latinoamericanos bajo un acuerdo de 5,1 millones de dólares, generando críticas de organismos de derechos humanos.

Retos y perspectivas del programa

El programa se inserta en una fase de intensificación de expulsiones por parte de la Casa Blanca, que busca trasladar a personas sin antecedentes penales a terceros países. La llegada de los seis migrantes a Guyana plantea preguntas sobre la capacidad del Estado y de la OIM para gestionar la estadía temporal y garantizar que se respeten los derechos de los individuos. Mientras tanto, el gobierno guyanés mantiene la postura de aceptar solo un número limitado de casos, subrayando que la medida no constituye una vía de reasentamiento permanente.

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