Cámara Federal rechaza la nulidad y mantiene viva la causa de lavado de dinero contra José Luis Espert

La Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo del pedido de nulidad presentado por la defensa de José Luis Espert el 15 de octubre de 2026. La decisión mantiene sin cambios la investigación que persigue el origen y destino de 200 mil dólares supuestamente transferidos desde una empresa guatemalteca vinculada al empresario Federico «Fred» Machado.

Argumentos de la defensa y razonamiento de los magistrados

Los abogados de Espert sostuvieron que el fiscal ordenó tomas de testimonios sin notificar a sus letrados, exigió informes patrimoniales de forma genérica y añadió informes de inteligencia clasificados sin permitir su revisión. Ante esas alegaciones, los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones determinaron que no se acreditó una vulneración concreta del derecho a la defensa ni un perjuicio irremediable que justificara la nulidad.

Testimonios sin aviso previo

La defensa alegó que entre mayo y junio de 2026 se recibieron declaraciones en la sede fiscal sin que los abogados pudieran intervenir. El tribunal señaló que la parte no había individualizado los testimonios ni indicado fechas, nombres de testigos o folios, lo que imposibilitó evaluar el daño alegado. Además, recordó que la defensa podía solicitar la repetición de esas diligencias, de modo que la falta de notificación no genera nulidad automática.

Levantamiento de secretos bancarios y patrimoniales

Otro punto crítico fue la autorización de oficios a la ARCA, la UIF, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para levantar el secreto bancario y fiscal de Espert, su cónyuge y entidades vinculadas. Los magistrados reiteraron que esas órdenes contaron con motivación suficiente, pues la información era esencial para esclarecer la procedencia de los fondos. La defensa no logró demostrar que dichas actuaciones le hubieran causado un perjuicio concreto que obligara a revertirlas.

Informes de inteligencia y pericias electrónicas

La defensa también cuestionó la incorporación de dos informes de inteligencia clasificados remitidos por el Ministerio de Seguridad en octubre de 2025, vinculados a Machado. La Cámara constató que esos documentos no fueron citados como prueba de cargo y que su contenido no se utilizó para sustentar decisiones judiciales, por lo que el supuesto daño era meramente hipotético. En cuanto a la extracción forense de teléfonos y otros dispositivos, los jueces recordaron que la medida se realizó bajo autorización judicial, con salvaguardas para excluir datos familiares, de menores o ajenos al caso.

Contexto y repercusión política

Esta movida se inserta en una serie de investigaciones que han señalado a figuras del ámbito político y empresarial en posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a fondos internacionales. La causa contra Espert, quien se ha postulado como candidato a la presidencia, reactiva el debate sobre la financiación de campañas y la necesidad de reforzar los mecanismos de control financiero en Argentina. En los últimos años, la UIF y la ARCA intensificaron la vigilancia de transferencias sospechosas, sobre todo aquellas que atraviesan jurisdicciones con antecedentes de narcotráfico.

Con la decisión de la Cámara Federal, la causa avanza en el juzgado federal de San Isidro, que seguirá ordenando medidas de investigación y, de ser necesario, aplicar cautelas sobre los bienes del diputado. La defensa anunció que evaluará la posibilidad de interponer recursos ante instancias superiores, manteniendo viva la discusión sobre los límites de la actuación fiscal y la garantía del debido proceso.

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