China extiende su brazo legal más allá de sus fronteras

Meta obliga a cancelar una compra millonaria bajo presión de Pekín

En abril de 2024 el gobierno chino ordenó a Meta, la matriz de Facebook, que anulara un acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir la startup singapurense de inteligencia artificial Manus. La directiva no solo obligó a la empresa estadounidense a desistir de la operación, sino que también impidió que los fundadores chinos de Manus abandonaran el territorio nacional, bajo el argumento de seguridad interna.

Una nueva oleada de normas extraterritoriales

La medida se inserta en una serie de disposiciones que buscan que la legislación china tenga efecto más allá de sus fronteras. En septiembre del mismo año entrarán en vigor normas que permitirán al Estado prohibir la entrada y salida del país a personas catalogadas como amenaza, y el Congreso Nacional está redactando leyes que obligarán a cualquier compañía que use componentes chinos a respetar la normativa de exportación de China, aun cuando la transacción se realice en otro territorio.

El eco de la Guerra Fría y la respuesta a Washington

En el siglo XIX las potencias coloniales se negaban a someterse a la legislación china en puertos bajo su control; hoy es China quien replica la estrategia, pero con la diferencia de que sus normas pretenden castigar a quienes acojan sanciones estadounidenses. La “norma de producto directo extranjero” de EE. UU., que limitó la venta de chips holandeses a Pekín, sirve de referencia, pero la intención china es usar la ley como arma de represalia.

El legado de Xi y la política de “armas legales”

El giro radical se remonta a 2018, cuando Xi Jinping instó a los funcionarios del Partido a empuñar “armas legales” propias de una gran potencia. Ese mismo año el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, a petición de EE. UU., desencadenó una cadena de detenciones de ciudadanos canadienses bajo cargos cuestionables, manteniéndolos como rehenes durante casi tres años. Desde entonces, la legislación china incluye cláusulas extraterritoriales que prohíben a las empresas acatar sanciones externas.

Conflictos judiciales entre Londres y Chongqing

El choque de jurisdicciones quedó patente en la disputa entre Samsung y ZTE. Un tribunal de Londres dictó que Samsung debía pagar 392 millones de dólares, mientras que la corte de Chongqing estimó la deuda casi al doble. La empresa surcoreana se enfrenta ahora a la disyuntiva de obedecer a una corte y arriesgar sanciones en la otra, un escenario que pone en jaque a cualquier multinacional con presencia significativa en China.

Control de la disidencia y expansión de la normativa de seguridad

En julio de 2024 entró en vigor una ley de “promoción de la unidad étnica” que penaliza cualquier acto en el exterior que, según Beijing, socave la unidad nacional. Simultáneamente, se tramitan proyectos que tipificarían como delito la transmisión de información que dañe los “intereses públicos” de China y que permitirían al Estado recabar pruebas de corrupción contra entidades chinas en el extranjero. Según Human Rights Watch, estas normas refuerzan la burocracia del Partido y convierten al aparato estatal en una herramienta de represalia contra sanciones externas.

Perspectivas para las empresas internacionales

El impulso legislativo muestra que China ya no se percibe como víctima, sino como artífice de su propio orden internacional. La estrategia consiste en crear un entorno externo que se amolde a los intereses del Partido, usando la ley como extensión del poder político. Para las compañías que operan en el país, la nueva realidad implica navegar entre dos sistemas judiciales que compiten por ejercer autoridad sobre la misma transacción, una tarea que demanda asesoría legal especializada y una vigilancia constante de los cambios normativos.

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