Defensoría de Córdoba denuncia la invisibilidad del Estado nacional en la atención a la vejez
La Defensoría de Córdoba alerta sobre la ausencia del Estado nacional en la protección de los mayores y propone una agenda conjunta con Santa Fe y Entre Ríos.
Jornada virtual reunió a las defensorías del Centro
El pasado 12 de octubre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba participó de forma virtual en la mesa «Ciudadanía y derechos en tiempos de longevidad», organizada por la Facultad de Derecho y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. El encuentro, enmarcado en la Cátedra Abierta de las Defensorías del Pueblo, coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores y contó también con la presencia del Concejo Municipal de Santa Fe y la Defensoría de Personas Mayores de Paraná.
El reclamo conjunto de la Región Centro
Los tres organismos que integran el Foro de Defensores del Pueblo de la Región Centro – Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos – aprovecharon la mesa para reforzar una agenda común. Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, agradeció la invitación de su homólogo santafesino, Arístides Lasarte, y tomó la palabra para describir las acciones que la institución cordobesa desarrolla en materia de vejez.
Galoppo advierte sobre la ausencia del Estado nacional
Según Galoppo, envejecer en la Argentina hoy equivale a enfrentar la pobreza, el abandono y una vida que no se elige. Desde esa perspectiva, criticó la falta de respuestas del Estado nacional ante los obstáculos que encuentran los mayores para acceder a la salud y a la seguridad social. El defensor subrayó que, al no existir una política pública integral, los defensores del pueblo terminan asumiendo un rol que debería corresponder a otras áreas del Estado: «Nosotros, como defensores del pueblo, creemos que estamos cumpliendo ese rol del Estado nacional ausente. Es una cuestión de responsabilidad, ética y, sobre todo, humana atender a esas personas».
Informe de Franco Jular: jubilaciones que no alcanzan
El especialista Franco Jular presentó el estudio «Cuando la jubilación no alcanza», que analiza los consumos que los adultos mayores deben recortar por la insuficiencia de ingresos y las redes de apoyo que requieren. La Canasta de Personas Mayores, elaborada por la Defensoría con datos de julio de 2026, muestra que el ingreso jubilatorio con bono incluido deja sin cubrir el 30,35 % de esa canasta, lo que representa un faltante mensual de $210.030, sin contar el alquiler.
Programas de prevención y apoyo con perspectiva de género
Yohana Artico Fenoglio, coordinadora de Género de la Defensoría, relató experiencias de intervención interdisciplinaria. Destacó el programa «Clic a Clic», orientado a enseñar el uso del celular, la gestión de salud en línea y la prevención de estafas digitales. Además, explicó la coordinación entre las áreas de Mediación e Inclusión Social para atender desalojos o riesgos de pérdida de la vivienda.
La especialista diferenció tres situaciones dentro del envejecimiento: personas con discapacidad que llegan a la vejez, quienes adquieren una discapacidad durante esa etapa y quienes, mientras envejecen, asumen tareas de cuidado. Subrayó la necesidad de contar con apoyos que permitan decidir sobre la propia vida y de revisar prácticas institucionales que reproducen discriminación por edad.
Construyendo criterios comunes en la región
Como aporte al trabajo conjunto entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la Defensoría de Córdoba puso a disposición sus materiales sobre atención con perspectiva de derechos humanos y buenas prácticas de intervención. El objetivo es construir criterios comunes entre las instituciones de la región y fortalecer una respuesta coordinada frente a los desafíos que plantea la vejez en la Argentina.
La jornada dejó en evidencia que la falta de una política nacional adecuada obliga a los defensores a actuar como puentes entre los mayores y el Estado. La propuesta de la Región Centro es clara: articular recursos, compartir experiencias y presionar al gobierno nacional para que asuma de lleno la responsabilidad de garantizar una vejez digna.
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