EE UU amplía la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por tortura, narcotráfico y armas

El gran jurado de Nueva York formaliza cargos renovados

Un gran jurado federal de la ciudad de Nueva York presentó este jueves una acusación reformulada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores. El expediente, ingresado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur, incorpora a los cargos de narcoterrorismo la conspiración para cometer tortura, alegando que entre 1999 y 2025 el régimen mantuvo un sistema de represión para perpetuarse en el poder.

Los cargos y la evidencia que respalda la denuncia

Según el documento judicial, Maduro habría dirigido de forma directa la maquinaria represiva: ordenaba detenciones, recibía informes sobre el estado de los prisioneros y, en algunos casos, señalaba con la mano simulando apretar algo para que los guardias “apriétaran más fuerte” cuando un detenido se negaba a cooperar. La acusación señala a Flores como la arquitecta del plan, responsable de diseñar la estrategia de represión y de ordenar torturas para proteger actividades ilícitas de su familia.

El escrito también menciona a tres funcionarios venezolanos, identificados como CC‑1, CC‑2 y CC‑3, que habrían ejecutado o coordinado los tormentos y desarrollado métodos de tortura presentados a Maduro para su aprobación.

Testimonios que describen la crueldad del régimen

Entre los testimonios, destaca el de un oficial militar secuestrado en noviembre de 2013 por orden de Maduro. El militar fue sometido a veinte descargas eléctricas, golpes, suspensión de manos y pies y a simulacros de ahogamiento. Luego fue trasladado a un campamento controlado por la FARC en territorio colombiano, donde los interrogadores le mostraron ropa interior femenina alegando que pertenecía a su hija y amenazaron con secuestrarla.

Otro caso involucra a una mujer detenida en enero de 2018. El alto funcionario CC‑1 amenazó con matar a su hijo pequeño si no revelaba el paradero de un disidente buscado por el régimen, describiendo el color de cabello del niño para demostrar que conocía su identidad. Durante el interrogatorio le aplicaron descargas eléctricas en genitales, pies y costados mientras CC‑1 observaba desde su teléfono.

Víctimas estadounidenses en la red de represión

La acusación también incluye a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Un estadounidense ingresó al país en enero de 2022 y fue llevado a la prisión de Boleíta Norte, donde recibió descargas eléctricas, asfixia, golpes y una inyección que provocó convulsiones. El funcionario CC‑3 presenció una de las sesiones de electrochoque, se burló de la víctima y ordenó a otros agentes que no la liberaran.

Otro ciudadano, detenido en enero de 2025, sufrió golpes en cara, cabeza y abdomen cada media hora durante dos días, quedando con una lesión ocular permanente. Al ser liberado en enero de 2026, CC‑3 le advirtió que no debía hablar del maltrato sufrido.

El nexo con el narcotráfico y el llamado “Cártel de los Soles”

La nueva acusación retoma los cargos de narcoterrorismo y los amplía con detalles sobre el llamado “Cártel de los Soles”. Desde 2006, Maduro y Flores habrían usado a sus escoltas de seguridad para supervisar el transporte regular de entre 1.000 y 2.000 kilogramos de cocaína, bajo la cobertura de la Guardia Nacional Bolivariana. El esquema habría conectado al gobierno venezolano con la FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas (posteriormente el Cártel del Noreste) y el grupo armado Tren de Aragua.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores se reunieron con la cúpula de la FARC para saldar una deuda de narcotráfico. Como parte del pago, el mandatario habría vendido minas antipersonales y otras armas al grupo guerrillero, incrementando su capacidad bélica contra Colombia. PDVSA también habría sido utilizada para financiar a estos grupos y para mover drogas, con el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, empleando aviones de la empresa para transportar estupefacientes bajo protección de la GNB en la isla Margarita.

Cargos formales y solicitud de decomiso

El gran jurado formula cinco cargos contra ambos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer esas armas. Los cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína se sustentan en el Título 21 del Código de EE UU, mientras que la conspiración para tortura se basa en el Título 18, secciones 2340 y 2340A.

Como consecuencia, el Estado solicitó el decomiso de todos los bienes de los acusados, directos e indirectos, obtenidos como producto de los crímenes, así como cualquier propiedad utilizada para facilitar los delitos. El documento lleva la firma del fiscal federal James M. McDonald.

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