EE.UU. corta visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por presunta corrupción y narcotráfico
Washington impone la restricción de visas a 30 figuras políticas y empresariales de cuatro países sudamericanos por supuestos actos ilícitos
Este lunes Washington anunció que revocará o restringirá la visa estadounidense a un grupo de funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, extendiendo la medida a sus familiares directos. La decisión se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la entrada a personas que, según el Departamento de Estado, comprometen gobiernos democráticos con actos de corrupción o narcotráfico.
Bolivia encabeza la lista con doce visas anuladas
El mayor número de afectados corresponde a Bolivia, donde doce personas y sus familias fueron sacadas del programa de visas y otras nueve quedaron inhabilitadas para solicitar una nueva en el futuro. Entre los nombres públicos figura el fiscal general recién electo, Roger Mariaca, señalado por presunto abuso de cargo, aceptación de sobornos y facilidades a redes narcotraficantes. La lista también incluye a magistrados, un coronel de la Policía y un empresario, todos descritos como parte de una red que, según Washington, socava la justicia y la seguridad del país.
Colombia, Perú y Ecuador también quedan en la mira
En Colombia la medida recayó sobre el empresario del sector energético Euclides Antonio Torres Romero y sobre la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social. En Perú, la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos del Primer Circuito Constitucional de Lima fue revocada, con la restricción extendida a sus familiares. Ecuador quedó incluido con dos ciudadanos cuyos nombres no fueron divulgados por el Departamento de Estado.
El «Escudo de las Américas» como marco de acción
Washington vinculó la medida al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa iniciada bajo la administración Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad. Los países firmantes acordaron coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra individuos que pongan en riesgo el Estado de derecho y la democracia en el continente.
Un mecanismo permanente para actuar con rapidez
El Departamento de Estado subrayó que la política constituye un mecanismo duradero que permite a EE.UU. actuar de forma inmediata en coordinación con sus socios, a medida que se van acumulando pruebas. La medida llega tras un reforzamiento de la cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico durante el mes de septiembre, y se mantendrá actualizada a través de la información consular disponible para los cuatro países.
Repercusiones y reacciones en la región
Los gobiernos afectados calificaron la decisión como unilateral y carente de pruebas contundentes, generando una oleada de críticas diplomáticas. La comunidad internacional observa con atención la capacidad de EE.UU. para usar la política migratoria como herramienta de presión contra la corrupción. En la práctica, la restricción de visas limita la movilidad de altos funcionarios y sus familias, dificultando viajes de negocios, estudios o turismo en territorio estadounidense, y envía una señal clara de que la corrupción y el narcotráfico no pasarán desapercibidos en la agenda de Washington.
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