Escándalo interno en el Poder Judicial de Córdoba: jurado popular rompe el secreto y enciende la polémica

Jurados populares rompen el secreto de deliberación

Una entrevista concedida a Radio Mitre Córdoba por uno de los miembros del jurado popular que integró el debate sobre el asesinato de Gabriela Pérez, trabajadora del Soelsac, desató la polémica. El jurado, presidido por los vocales Gustavo Ispani, Ángeles Palacio y Leandro Quijada, reveló detalles de las discusiones internas, vulnerando el deber de reserva que la normativa exige a los participantes.

Choque entre fuero ciudadano y magistratura

Las declaraciones del jurado pusieron al descubierto una diferencia marcada de criterios entre el fuero ciudadano y los jueces técnicos al valorar la prueba contra el presunto autor material del crimen. Mientras los magistrados se apoyaban en peritajes y documentos oficiales, los ciudadanos del jurado cuestionaban la interpretación de la evidencia, generando dudas sobre la validez del proceso y la protección de las deliberaciones confidenciales.

Fiscalía y Ministerio Público Fiscal responden

Laura Battistelli, fiscal de la Cámara Tercera del Crimen, había sostenido la hipótesis de una trama interna criminal dentro del entramado sindical. Ante la filtración, salió al cruce para defender la investigación acusatoria y subrayó la gravedad de los condicionamientos que sufre el proceso técnico cuando se contamina la exposición mediática.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, emitió un comunicado oficial recordando la vigencia irrestricta del deber de confidencialidad que pesa sobre los jurados populares. El comunicado advirtió sobre las posibles responsabilidades legales y penales que implica la divulgación de deliberaciones secretas.

Impacto en la familia de la víctima y en la confianza institucional

El caso dejó sin respuestas definitivas a la familia de Gabriela Pérez, quien fue asesinada en el Club Yapeyú. La polémica reveló una desconfianza cruzada entre magistrados, fiscales y la participación ciudadana, poniendo en jaque la credibilidad del Poder Judicial provincial.

Se anticipa que la controversia genere secuelas en la reglamentación del sistema de jurados populares en Córdoba y que impulse un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de confidencialidad y control interno dentro del Poder Judicial.

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