Juez Cormick impone multa de $100.000 diarios al Ejecutivo por descuidar la Ley de Financiamiento Universitario

El lunes 14 de octubre de 2026 el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que obliga al jefe de Gabinete, Óscar Martínez, a pagar una sanción de cien mil pesos por cada día que el Gobierno mantenga el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.427). La decisión se enmarca en la causa presentada por la Universidad Nacional de Córdoba, que reclama los recursos que la normativa destina al ciclo lectivo 2026.

La medida cautelar y su justificación

El fallo señala que el artículo 5 de la ley obliga al Estado a destinar un porcentaje fijo del presupuesto nacional a la financiación de las universidades públicas. Al no transferir los fondos, se pone en riesgo la continuidad de carreras, la investigación y la movilidad estudiantil. Ante la ausencia de recursos, el juez consideró que la multa diaria es el mecanismo más efectivo para forzar el cumplimiento inmediato.

Respuesta del Gabinete

Óscar Martínez calificó la sanción de “excesiva” y prometió revisar la partida presupuestaria para evitar la acumulación de multas. En un comunicado, el Ministerio de Economía explicó que la reasignación de recursos requiere tiempo y que se está trabajando en un plan alternativo que respete la normativa sin generar un desbalance fiscal.

Repercusiones en la comunidad universitaria

Los rectores de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras casas de estudio públicas recibieron la medida como una victoria para la educación superior. Los estudiantes, que la semana pasada protagonizaron una marcha en la Plaza San Martín, vieron en la multa una señal de que el Poder Judicial puede ejercer presión frente a la inercia del Ejecutivo.

Contexto judicial y riesgos futuros

Esta no es la primera intervención de la justicia en el tema del financiamiento universitario. En 2022 la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la Ley 27.427 y, en 2024, se impusieron sanciones parciales a provincias que no respetaron los porcentajes obligatorios. De mantenerse el retraso, las multas acumulativas podrían superar los millones de pesos, mermando la capacidad de gasto del Gobierno y generando una presión fiscal adicional.

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