Marcha masiva frente al Congreso: la comunidad de discapacidad exige detener la prórroga de la Ley de Emergencia
Cientos de personas con discapacidad y sus familias se movilizan para impedir un proyecto que amenaza sus derechos.
El miércoles 19 de octubre de 2026, a las 11 hs, cientos de representantes de la comunidad con discapacidad y sus familias se congregaron frente al Congreso Nacional. La movilización, organizada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, busca impedir la aprobación de un dictamen que prorrogaría la Ley de Emergencia del sector.
La convocatoria y el contexto político
La sesión de la Cámara de Diputados, en la que se debatirá la prórroga, coincidió con la marcha, convirtiendo al día en una verdadera contienda de ideas. El oficialismo presentó el texto con la intención de extender la normativa que, en 2023, se promulgó para hacer frente a la crisis de suministros y al déficit presupuestario. Las organizaciones denunciaron que el proyecto no constituye una mejora, sino una amenaza a los derechos consolidados por la Ley 27.793.
Puntos críticos del proyecto oficial
El análisis técnico del sector destaca una serie de omisiones que, según expertos, pueden desestabilizar el sistema de asistencia. El artículo 4 elimina la garantía de que el interés público nacional siga siendo la base de las prestaciones de la Ley 24.901. Los artículos 5 y 6 dejan los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas a la merced de reglamentaciones cambiantes, vulnerando la seguridad jurídica de los beneficiarios.
En el artículo 7 se propone una actualización presupuestaria que no contempla una fórmula automática vinculada al Índice de Precios al Consumidor, dejando a los usuarios a merced de la inflación. El artículo 10 intenta desvincular el programa Incluir Salud de la cobertura total de la Ley 24.901, exponiendo a miles de usuarios a decisiones discrecionales del Ministerio de Salud.
El artículo 15 exige que recibir pagos parciales o compensaciones no implique renunciar a la posibilidad de reclamar administrativamente o judicialmente los saldos adeudados. La variante 15 bis señala el atraso arancelario del 30,67 % reconocido por el Gobierno desde principios de 2025 y solicita un mecanismo claro para su pago. Finalmente, el artículo 17 contiene una cláusula derogatoria tan amplia que podría anular garantías de la Ley 27.793 antes de que concluya la emergencia actual.
Exigencias de las organizaciones
Frente a esas propuestas, las instituciones del sector piden una prórroga que cuente con respaldo presupuestario real y que mantenga intactos los derechos conquistados. Insisten en que cualquier modificación normativa parta de los principios consagrados en la Ley 27.793 y que se garantice la continuidad de los servicios sin depender de decisiones discrecionales de funcionarios de turno.
Impacto y llamado a la previsibilidad
Para las familias, la incertidumbre generada por el proyecto oficial se traduce en un riesgo palpable: la pérdida de prestaciones esenciales como ayudas técnicas, subsidios de movilidad y pensiones no contributivas. La comunidad recuerda que la Ley de Emergencia se promulgó en 2023 tras la crisis de suministros y la falta de presupuesto, y que su prórroga debía ser una medida transitoria, no una puerta abierta a recortes encubiertos.
La marcha, además de denunciar el proyecto oficial, busca sensibilizar a la sociedad cordobesa y nacional sobre la necesidad de previsibilidad en un esquema que ya atraviesa una situación crítica. Los organizadores esperan que la presión social obligue a los legisladores a replantear el dictamen y a incorporar las garantías exigidas antes de cerrar la sesión.
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