OEA advierte que la reforma constitucional de Ortega y Murillo amenaza la democracia en Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó este miércoles una dura advertencia contra la reforma constitucional que el gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo está impulsando en Nicaragua. El secretario general Albert Ramírez Ramdin señaló que los cambios aprobados en primera instancia reducen los espacios de competencia política y convierten la Carta Magna en una herramienta para excluir a los opositores.

La reforma amplía el mandato y encierra a la oposición

El proyecto, ya sancionado por la Asamblea Nacional dominada por la copresidencia, eleva la duración del mandato de Ortega y Murillo de seis a siete años. Además, introduce la figura de “traidor a la patria”, que impediría a cualquier ciudadano calificado bajo ese epígrafe presentarse a cargos públicos. Según la OEA, esa medida transforma la Constitución en un mecanismo para silenciar voces disidentes y limitar la alternancia democrática.

Cambios en el calendario electoral y riesgos institucionales

Con la reforma, el calendario político también se desplaza: las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 se postergan a noviembre de 2027. La normativa aún debe pasar una segunda aprobación en la próxima legislatura, pero el mero hecho de haberla aprobado en primera instancia ya evidencia el empeño del régimen por consolidar su permanencia en el poder y debilitar la institucionalidad.

Antecedentes de reformas constitucionales en Nicaragua

Esta no es la primera vez que Nicaragua altera su Carta Magna. En 2025 se aprobó una reforma que modificó más de un centenar de disposiciones y concentró atribuciones en la copresidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en agosto que esas medidas podían generar una dictadura de facto al eliminar las condiciones necesarias para la alternancia y restringir la competencia política.

Reacciones de Washington y la comunidad internacional

Desde la capital norteamericana, el secretario de Estado Marco Rubio pidió suspender las relaciones comerciales habituales con Managua, calificando a la Asamblea Nacional de “socavar la ficción democrática de Nicaragua”. La administración anterior, bajo Donald Trump, ya había anunciado su disposición a aplicar sanciones por violaciones de derechos humanos, lo que indica una continuidad de la presión externa.

La OEA prepara una respuesta regional

El Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres para discutir la situación en Nicaragua. Ramdin vinculó el avance legislativo con el deterioro general de las instituciones nicaragüenses y recordó que los compromisos asumidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana prohíben este tipo de restricciones al pluralismo político. El secretario general subrayó que los ciudadanos nicaragüenses merecen instituciones que protejan sus derechos y no los limiten, y pidió a la comunidad internacional mantener la presión para que se respeten los principios de democracia representativa.

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