ONU denuncia la “concentración indefendible” del poder en Nicaragua

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó este miércoles una fuerte advertencia ante el Consejo de Derechos Humanos: la erosión de las instituciones democráticas nicaragüenses ha alcanzado un punto “completamente indefendible”. La declaración se produce mientras el país centroamericano se encuentra bajo el foco de la comunidad internacional por los intentos de frenar las próximas elecciones.

Ejecutivo y FSLN acaparan el escenario político

Türk describió un panorama donde el poder se ha ido acumulando en manos del Ejecutivo y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lleva al mando desde 2007 con Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El informe, que cubre de junio 2025 a junio 2026, documenta una “captura casi total” de las estructuras estatales por parte del partido sandinista.

Los datos indican que el FSLN ostenta mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, controla los 153 municipios del país y domina los dos consejos regionales de la Costa Caribe. Un análisis de 185 sesiones plenarias entre junio 2025 y mayo 2026 muestra que no se registró ni un solo voto en contra ni abstención, ni siquiera entre los 15 diputados de fuerzas opositoras.

Reformas constitucionales que cierran la competencia electoral

En septiembre pasado la Asamblea aprobó, por unanimidad, la primera de dos reformas constitucionales que prohíben la participación electoral de quienes sean catalogados como “traidores a la patria” o “golpistas”. La misma reforma extiende el mandato presidencial de seis a siete años y pospone las elecciones hasta 2028, siempre que se ratifique en una segunda legislatura en 2027. Ortega defendió la medida diciendo que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”.

Represión y clausura de espacios críticos

El informe subraya que las detenciones arbitrarias son la principal herramienta de represión estatal. Se contabilizaron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia, cifras que podrían ser mayores por la falta de acceso al país y el miedo de víctimas y testigos. En el último año, cuatro organizaciones de la sociedad civil fueron obligadas a cerrar, elevando a 5 539 el total de entidades disueltas en los últimos ocho años. Además, al menos 56 medios de comunicación fueron clausurados, una cifra que, según Türk, “casi no queda nada por cerrar”.

Historia reciente y presión internacional

Türk recordó que en agosto 2018 la ONU había documentado protestas contra el gobierno de Ortega que dejaron al menos 300 muertos, marcando un punto de inflexión en el endurecimiento del régimen. Desde entonces, la comunidad internacional ha intensificado la presión diplomática y ha impuesto sanciones a funcionarios sandinistas, aunque el gobierno nicaragüense sigue rechazando cualquier injerencia externa.

La denuncia de la ONU abre la puerta a nuevas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que podrían traducirse en medidas más contundentes. Mientras tanto, la población civil sigue sin canales de expresión y bajo la constante amenaza de represalias.

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