Paz advierte a Evo Morales: nadie escapa a la ley mientras se avecinan nuevas protestas
El Gobierno boliviano repudia la posible movilización de Morales y reafirma que la ley es igual para todos.
El presidente boliviano Rodrigo Paz lanzó este domingo una advertencia directa a Evo Morales, recordándole que nadie está por encima de la ley. La declaración surgió después de que el exmandatario anunciara la posibilidad de encabezar nuevas movilizaciones a partir del 13 de octubre, en respuesta a las reformas económicas que el Ejecutivo está impulsando.
El Ministerio de Defensa respalda la postura del Gobierno
Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, pronunció la advertencia en la sede del Palacio Quemado. Justiniano sostuvo que Morales tiene todo el derecho a criticar al gobierno, pero que no puede imponer condiciones mediante bloqueos ni amenazas. «Nadie, por haber sido presidente o por la capacidad de movilizar, está por encima de la ley», enfatizó, recordando que existen órdenes de aprehensión vigentes contra el líder cocalero.
Exigencias de Morales y el polémico decreto 5716
El ex presidente exige que el Ejecutivo derogue antes del 3 de octubre el decreto 5716, que puso fin a la subvención al diésel, y la norma que permite la reorganización o liquidación de empresas públicas. Si esas demandas no se cumplen, los sectores afines a Morales prometieron activar protestas bajo la consigna de que, si no es «de a buenas», será «de a malas».
Antecedentes de la crisis y los bloqueos de 2025
La tensión actual no surge de la nada. Entre el 6 de mayo y el 23 de junio de 2025, sindicatos y organizaciones campesinas mantuvieron bloqueos de carreteras durante 50 días, exigiendo mejoras salariales y la renuncia de Paz. Los enfrentamientos dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica, y generaron pérdidas económicas que superaron los 3.000 millones de dólares.
Paz, investido en noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, heredó una economía marcada por la escasez de dólares y combustible, catalogada como la peor crisis boliviana en cuatro décadas. En diciembre de ese año retiró la subvención a los hidrocarburos, una medida que ahorró al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales pero que encendió la protesta popular.
Proceso judicial contra Morales y la tensión política
El 29 de julio la Fiscalía ordenó la captura de Morales bajo cargos de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos de mayo y junio. A esto se suma una causa abierta desde 2024 por presunta trata agravada de personas y estupro, acusaciones que el ex mandatario niega y califica de persecución política.
Perspectivas y riesgos para la estabilidad
El 20 de junio, tras 53 días de protestas, Paz decretó un estado de excepción en todo el territorio para restablecer la libre circulación y el abastecimiento. El Congreso prorrogó esa medida el 17 de septiembre por 90 días más, mientras el gobierno negocia un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares. La combinación de una agenda de reformas estructurales, la presión judicial contra Morales y la amenaza de nuevas movilizaciones coloca a Bolivia en una encrucijada que podría redefinir la política del país en los próximos meses.
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