Por qué el TSJ es clave para una transición política en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia como pilar de una transición viable

En el debate sobre una posible salida política en Venezuela, la continuidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentado en 2017 por la Asamblea Nacional democrática se plantea como un requisito indispensable. Los magistrados, nombrados bajo un mandato constitucional de doce años, siguen en funciones hasta 2029 y son la única autoridad judicial cuya designación respeta los procedimientos establecidos por la Carta Magna.

Riesgos de intentar desmontar la Corte sin base legal

Quienes pretenden anular la vigencia de esos magistrados lo hacen sin contar con respaldo constitucional y, según analistas, ponen en jaque la institucionalidad del país. La falta de un sustento jurídico para su supresión vulnera la seguridad jurídica y abre la puerta a nuevas disputas sobre la composición del máximo tribunal, lo que complicaría cualquier proceso de reconciliación.

Justicia: el primer paso para una transición ordenada

Restaurar la independencia del poder judicial permite sentar las bases de una estabilización democrática. Un TSJ funcional puede supervisar la reorganización del sistema electoral, garantizar la protección de los derechos de propiedad y velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales, elementos esenciales para la recuperación económica de Venezuela.

Además, la reincorporación progresiva de los magistrados brinda un mecanismo institucional inmediato para reforzar la confianza tanto nacional como internacional. Sin un órgano judicial sólido, cualquier intento de convocar elecciones libres y verificables perdería credibilidad ante observadores externos.

Lineamientos de una transición constitucional

El marco propuesto para la transición debe partir del respeto estricto a la Constitución. Eso implica que cualquier autoridad ejecutiva transitoria solo pueda ejercer las facultades expresamente previstas en la carta magna, evitando ilegalidades que deslegitimen el proceso.

En paralelo, se deben designar autoridades electorales independientes, acelerar la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias bajo supervisión judicial y observación internacional, y restablecer una Asamblea Nacional elegida de manera legítima para nombrar a las autoridades permanentes.

Cooperación internacional y justicia transicional

El TSJ ha manifestado su disposición a colaborar con la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y organismos multilaterales, en iniciativas técnicas y humanitarias que favorezcan una transición sostenible. La creación de mecanismos temporales de evaluación judicial y de justicia transicional, compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, permitirá abordar violaciones graves y garantizar la no repetición.

Consultas con académicos, asociaciones profesionales, sociedad civil y expertos independientes serán esenciales para diseñar reformas que fortalezcan la independencia judicial y la transparencia electoral, pilares de cualquier proceso democrático duradero.

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