Un juez de Florida impone una condena histórica a Nicolás Maduro y Álex Saab por torturas en Venezuela

En una sentencia sin precedentes, el juez federal de Miami, Darrin P. Gayles, ha condenado al ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su testaferro, Álex Saab, a pagar una indemnización de USD 314 millones en compensación a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y sometidos a torturas durante su permanencia en cárceles venezolanas.

La sentencia surgió en ausencia de los acusados, ya que no comparecieron en el proceso judicial. La decisión establece responsabilidades civiles por los daños alegados por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes afirmaron que fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos durante su detención en Venezuela, incluyendo golpes, descargas eléctricas y métodos de castigo destinados a provocar sufrimiento.

El magistrado describió el caso como parte de una serie de acciones realizadas para sostener el poder político del régimen de Maduro, destacando que el secuestro fue solo uno de muchos delitos cometidos con el fin de respaldar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela. La sentencia se produjo bajo una ley federal estadounidense que permite a ciudadanos del país reclamar compensaciones económicas contra individuos o entidades vinculadas con organizaciones consideradas terroristas.

Kenemore, Saad y Marval fueron liberados en 2023 como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington que permitió el intercambio de varios estadounidenses detenidos en Venezuela por la liberación de Saab, empresario colombiano cercano al régimen venezolano, quien se encontraba bajo custodia estadounidense acusado de delitos financieros. Según la demanda, Kenemore permaneció 643 días detenido, mientras que Saad y Marval denunciaron que fueron arrestados y retenidos por organismos de inteligencia venezolanos.

La demanda también incluyó a otros altos funcionarios venezolanos, entre ellos Delcy Rodríguez, actual jefa del régimen chavista. Sin embargo, la dirigente no fue incorporada al fallo debido a que sus abogados solicitaron el archivo del proceso alegando inmunidad por su condición de “jefa de Estado” reconocida. Los demandantes rechazaron ese argumento, manteniendo su demanda en contra de Maduro y Saab.

El fallo judicial no implica un pago inmediato de los fondos establecidos, sino que fija una responsabilidad económica contra los acusados dentro del proceso civil. Saab volvió a estar bajo custodia estadounidense y enfrenta nuevas acusaciones, mientras que sus representantes legales no realizaron comentarios sobre la decisión. El caso forma parte de una serie de demandas impulsadas por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela y que buscan compensaciones por abusos sufridos durante su encarcelamiento.

Las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra funcionarios venezolanos también han sido objeto de investigaciones internacionales, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de que se tomen medidas para prevenir la repetición de estos abusos.

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