Vuelven los procesos judiciales contra el ex intendente de Villa María, Martín Gill, por presunta violencia de género

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, volvió a elevar a juicio la causa contra el ex intendente Martín Rodrigo Gill por supuestas lesiones leves calificadas por vínculo y por mediar violencia de género. La decisión se dio a conocer este lunes y reabre un expediente que ya había sido anulado en 2025.

Denuncia y hechos bajo investigación

La denuncia se presentó el 19 de marzo de 2023 ante la Unidad Judicial de la ciudad. Según la acusación, se investigan dos episodios de agresión física ocurridos en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill todavía ejercía como intendente. Además, la denunciante, María Rosa de Lourdes Astudillo, describió una constelación de violencia psicológica, control y episodios previos que, según ella, iniciaron su relación en febrero de 2022.

Antecedentes judiciales y revocación de la anulación

Companys había solicitado la elevación a juicio en marzo de 2024 y, en noviembre de ese mismo año, la jueza de Control María Soledad Dottori confirmó la medida, rechazando los recursos de nulidad presentados por la defensa de Gill, encabezada por el abogado Eduardo “Tati” Rodríguez. Sin embargo, el 28 de mayo de 2025 la Cámara de Apelaciones de Río Tercero anuló la decisión al cuestionar la validez de una testigo y de una prueba ofrecida por los fiscales. Tras la anulación, la causa regresó a la Fiscalía, que en octubre volvió a disponer la elevación a juicio, reactivando el proceso.

Impacto político y reacciones institucionales

Gill, quien fuera intendente de Villa María, ministro provincial de Cooperativas y Mutuales, funcionario nacional y rector de la Universidad Nacional de Villa María, pidió una licencia sin goce de sueldo como ministro provincial en septiembre de 2024 y renunció definitivamente en noviembre. En sus declaraciones afirmó que la medida buscaba enfrentar el proceso sin ampararse en fueros ni privilegios. El caso ha reavivado el debate provincial sobre la necesidad de protocolos claros para abordar la violencia de género cuando los presuntos agresores ocupan cargos públicos.

Organizaciones locales de derechos de la mujer han exigido la independencia de la investigación y han advertido sobre posibles presiones políticas que entorpezcan el avance de la causa. La comunidad de Villa María sigue atenta, consciente de que el desenlace podría sentar un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en el ámbito político.

Próximos pasos del proceso judicial

La elevación a juicio no implica una condena; simplemente habilita que el expediente continúe hacia la fase de valoración de pruebas y la posible decisión sobre la acusación. La defensa de Gill ha reiterado su inocencia y sostiene que la acusación carece de fundamentos sólidos. El juzgado de Control de Villa María deberá fijar una fecha para la audiencia preliminar, donde ambas partes presentarán sus argumentos y la defensa podrá solicitar la exclusión de pruebas que considere ilegítimas.

Explorá más noticias en nuestra sección: Córdoba