El SUOEM se opone enérgicamente a la posible privatización de las cloacas de Córdoba

Este lunes, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y el Cuerpo de Delegadas y Delegados de Áreas Operativas rechazaron de plano la eventual privatización del sistema de alcantarillado de la capital cordobesa, tras circular una nota que anunciaba una posible modificación en la gestión del servicio.

Rechazo firme del sindicato

En su comunicado oficial, el SUOEM resaltó que la red de cloacas funciona con “altos estándares de eficacia y eficiencia” y que, además, genera superávit que se reinvierte en mejoras sin cargar al erario municipal. El gremio exigió una audiencia urgente con la municipalidad para conocer los alcances de la medida y dejar clara su posición, advirtiendo que cualquier intento de transferir el patrimonio a manos privadas sería una entrega irresponsable del bien común.

Argumentos del gremio

Los delegados insistieron en que el alcantarillado es un bien colectivo esencial para la salud pública y la calidad de vida de los cordobeses. Por eso, sostienen que su gestión debe permanecer bajo control estatal, garantizando la continuidad del servicio, la transparencia en la rendición de cuentas y la posibilidad de mantener tarifas reguladas que no sacrifiquen a los usuarios.

Contexto de privatizaciones en la región

La polémica se inserta en un escenario nacional donde varios servicios públicos han sido objeto de concesiones y privatizaciones. El caso más visible es el de AySA, cuyo contrato de gestión fue licitado a consorcios privados después de intensos debates sobre costos, calidad y control estatal. En Córdoba, la discusión sobre la posible venta de activos municipales ya había generado resistencia en otros gremios, que temen que la lógica del lucro privado comprometa la cobertura universal y la inversión en infraestructura.

Qué implicaría una gestión privada de las cloacas

De aprobarse la privatización, el actual esquema de financiamiento basado en tarifas reguladas y aportes municipales podría modificarse. Los contratos privados suelen incluir cláusulas de ajuste de tarifas y metas de rentabilidad que, según los críticos, se traducirían en aumentos de precios para los usuarios y en una menor capacidad de reinversión directa del superávit.

Además, la transferencia de la propiedad de la red a una empresa externa cambiaría la responsabilidad del mantenimiento. En casos de incumplimiento, el municipio podría quedarse sin recursos inmediatos para reparar emergencias, lo que pondría en riesgo la salud pública y la confianza de la ciudadanía.

Perspectivas y próximos pasos

El SUOEM mantiene la postura de “alerta máxima” y espera la respuesta de la municipalidad a su pedido de audiencia. Mientras tanto, la discusión sigue viva en la opinión pública y en los espacios de debate institucional, donde se sopesan los riesgos y beneficios de una posible concesión.

En ausencia de una decisión oficial, la comunidad cordobesa observa con atención los movimientos del poder ejecutivo, que deberá equilibrar la presión de los sectores financieros con la defensa de un servicio esencial que, según el sindicato, no debe convertirse en mercancía.

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