Ministerio de Desarrollo Social impone nueva normativa de control a becarios de Promotores Sociales

El 11 de septiembre de 2026 el ministro Marcos Torres Lima firmó la Resolución N.º 3548, publicada en el Boletín Oficial, que establece exigencias de permanencia para los beneficiarios del Programa de Becas “Promotores Sociales”. La medida, que sustituye los requisitos del anterior esquema de “Promoción del Hábitat, Empleo y Políticas de Género”, busca garantizar la idoneidad y la disponibilidad total de los becarios en la provincia.

Plazo de treinta días y la documentación requerida

Los actuales becarios disponen de treinta días hábiles para presentar a la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos los certificados que la norma considera indispensables. Entre ellos, el certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de la Provincia; si el documento supera los seis meses, deberá actualizarse mediante el Registro Nacional de Reincidencia. También se solicita el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la constancia de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. El incumplimiento provocará la cancelación automática de la beca.

Declaración jurada y obligación de comunicar cambios

Además de los certificados, cada participante debe firmar una declaración jurada en la que asegura no mantener otra relación laboral, sea pública o privada, salvo la actividad docente. La normativa obliga a notificar de forma inmediata cualquier variación en la situación laboral que pudiera generar incompatibilidad con el beneficio, así como cualquier imputación, acusación o participación en procesos penales o contravencionales.

Origen y evolución del programa

El Programa de Becas “Promotores Sociales” nació como una reconversión del antiguo esquema de “Promoción del Hábitat, Empleo y Políticas de Género”, cuyo objetivo era impulsar la inserción laboral de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, mientras se fortalecían iniciativas de desarrollo comunitario. Desde su puesta en marcha ha beneficiado a más de 3 000 personas en la provincia, facilitando cursos, pasantías y actividades de intervención social en barrios de alta necesidad.

En los últimos años se detectaron casos aislados de beneficiarios que mantenían empleos simultáneos o que ocultaban antecedentes penales. Ante esa realidad, el gobierno provincial decidió endurecer los criterios de control, alineándolos con las prácticas de otros programas de asistencia social a nivel nacional.

Impacto para los becarios y la comunidad

Para los becarios la nueva normativa implica una carga administrativa adicional, pero también brinda mayor claridad sobre los compromisos necesarios para conservar la ayuda. Organizaciones sociales de la zona se han mostrado dispuestas a acompañar a los participantes en la gestión de los certificados, subrayando que la medida protege la integridad del programa y evita que recursos públicos se destinen a personas con antecedentes incompatibles.

Desde la institucionalidad, la medida refuerza la política de transparencia y control interno del Ministerio de Desarrollo Social, con la intención de consolidar la confianza de la ciudadanía en los fondos destinados a la inclusión laboral y la mejora de la calidad de vida en los barrios cordobeses.

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