Jueza de la Capital declara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y desata fuerte debate
El fallo de la jueza De Marinis vuelve a poner en el foco la constitucionalidad del Régimen Penal Juvenil y sus implicancias para la seguridad y los derechos de los menores.
Jueza de la Capital declara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y desata fuerte debate
El fallo sobre un menor de 14 años reaviva la discusión sobre la ley 27.801 y la forma de enfrentar la ciberdelincuencia.
El fallo que encendió la discusión
El martes pasado la magistrada Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, anuló la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el caso de un chico de 14 años acusado de un delito menor. La jueza argumentó que someter a un menor a ese régimen resulta regresivo y estigmatizante, vulnerando derechos consagrados por la Constitución.
Durante la audiencia la víctima, Hernán, relató que fue agredido mientras se dirigía al trabajo y que logró escapar gracias a la intervención de un patrullero. Los agresores, según su testimonio, se burlaban diciendo que la ley estaba suspendida, lo que encendió los ánimos en la sala.
Repercusiones en la provincia bonaerense
La decisión no se quedó en la Ciudad. En la Provincia de Buenos Aires la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había detenido la aplicación de la Ley 27.801 durante sesenta días. Con esa revocación el régimen vuelve a estar en vigor, generando incertidumbre entre fiscales, defensores y organizaciones de derechos humanos.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal apeló de inmediato el fallo de De Marinis, calificándolo de peligroso y advirtiendo que la postura de la magistrada podría abrir la puerta a la impunidad de menores que cometen delitos graves, sobre todo en el ámbito de la ciberdelincuencia.
Reacciones políticas y oficiales
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones, la definió coherente y acusó a la jueza de ser prodelincuente. Su discurso resonó entre quienes defienden una política de mano dura contra la criminalidad juvenil.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y defensores de la infancia denunciaron una visión punitiva que ignora la necesidad de medidas preventivas y de reintegración. El gobierno nacional, mientras tanto, impulsó programas para avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil y combatir la ciberdelincuencia, una medida que ha generado críticas por considerarse prematura sin haber resuelto los vacíos constitucionales señalados por la jueza.
Contexto histórico y desafíos futuros
La Ley 27.801, sancionada en 2022, buscó modernizar la respuesta del Estado frente a los menores infractores, incorporando la internación preventiva y la ampliación de sanciones para delitos cometidos en la red. Desde su promulgación se han acumulado cuestionamientos judiciales que ponen en tela de juicio su constitucionalidad, sobre todo respecto al principio de protección integral del menor.
Expertos en derecho penal juvenil advierten que la solución pasa por combinar la normativa con políticas de prevención, educación digital y acompañamiento psicosocial. Mientras la discusión avanza en la Corte Suprema, la ciudadanía cordobesa sigue atenta a cómo se definirá el marco legal que regirá la vida de los adolescentes en la región.
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