Sánchez impulsa los decretos de vivienda y descarta rendirse en medio de la pugna electoral

Los paquetes de vivienda aprobados por unanimidad llegan a la Comisión Permanente

Al cierre de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez dio a conocer que los dos paquetes de vivienda, conocidos como decretos Maricarmen, fueron aprobados sin votos disidentes. El siguiente paso es la convalidación en la Comisión Permanente de la Cámara Baja, un trámite que, según explicó el mandatario, no requiere la presencia de los diputados de Junts, lo que elimina el último obstáculo que había frenado la iniciativa desde su primera lectura.

Una jugada electoral que sitúa la vivienda en el centro del debate

Sánchez dejó en claro que la medida forma parte de una estrategia para convertir el conflicto entre inquilinos y propietarios en la pieza central de la campaña electoral. «El Gobierno sigue trabajando, no vamos a tirar la toalla ni dejar a la gente tirada», afirmó el presidente, recordando la convocatoria de elecciones anticipadas que anunció en La Moncloa la semana pasada. La intención, según sus palabras, es presionar al Parlamento para que le otorgue una mayoría más amplia y progresista que le permita «doblegar a las élites».

Detalles del primer decreto y la complejidad del segundo

El primer decreto amplía dos años la vigencia de los contratos de alquiler vigentes y mantiene la protección contra desahucios para colectivos vulnerables hasta 2030. Además, incluye ayudas directas a inquilinos y bonificaciones fiscales para pequeños caseros, una medida que contó con el apoyo del PNV. En contraste, el segundo decreto propone la renovación automática de los alquileres, una cláusula que ha generado recelo entre los nacionalistas vascos y que, según Sánchez, dificultará su convalidación. Por esa razón, el segundo paquete quedará en suspenso hasta que el Congreso le dé el visto bueno.

Reacciones de la oposición y la presión social

El Partido Popular no tardó en lanzar críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sánchez de «secuestrar» el Congreso para aprobar normas que, según ella, vulneran el derecho constitucional a la propiedad privada. El presidente respondió que no tiene nada que decir sobre la supuesta vulneración constitucional, evitando asumir responsabilidades directas. Mientras tanto, los movimientos sociales se organizan para convocar la primera huelga general por la vivienda en la historia de la democracia española, una movilización que ya está tomando forma en las calles.

El contexto político y el futuro de la reforma

El escenario está marcado por un Congreso que, según Sánchez, «da la espalda» al Ejecutivo, obligándolo a seguir gobernando dentro de sus limitaciones. La falta de consenso entre los partidos autonómicos, sobre todo los gobernados por el PP, ha dificultado la puesta en marcha de la primera ley de vivienda aprobada por el Gobierno. No obstante, el presidente sigue confiando en que la presión social y la necesidad de una mayor mayoría le permitirán avanzar con la reforma, que él considera una pieza clave para cambiar el paradigma de la vivienda en España.

Explorá más noticias en nuestra sección: Mundo