EE.UU. advierte que invertir en Nicaragua es un juego de alto riesgo

Este martes Washington volvió a sonar fuerte: el Departamento de Estado publicó el informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. En el documento se insta a los inversionistas extranjeros a actuar con extrema cautela, señalando que el país ya no garantiza un Estado de derecho ni un entorno empresarial predecible.

El riesgo político encabeza la alerta

Según la evaluación, las decisiones económicas más relevantes ahora pasan por la oficina del presidente y la relación personal con funcionarios del régimen se ha convertido en una condición indispensable para cualquier proyecto. Las auditorías fiscales se multiplican, las multas aparecen de forma arbitraria y las obligaciones tributarias se inflan sin justificación, creando una inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores.

Nueva Ley de Inversión Extranjera refuerza el control estatal

Desde febrero de 2025 está en vigor la Ley de Inversión Extranjera, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE). Los capitales externos deben registrarse y presentar informes trimestrales, medida que, según Washington, amplía la vigilancia del Estado sobre cada movimiento de dinero. El economista opositor Juan Sebastián Chamorro advierte que este requisito se suma a un esquema de control político ya presente.

Preferencias a China y el TLC

El informe destaca que, tras la firma del tratado de libre comercio con China en enero de 2024, el gobierno nicaragüense ha dado trato preferencial a compañías de Pekín. Las instituciones públicas reciben instrucciones de priorizar proveedores chinos en compras de tecnología y comunicaciones, y las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta otorgan exenciones del 100 % del impuesto a la renta y del IVA por diez años. Chamorro señala que esa diferencia crea una brecha competitiva que desfavorece a empresas estadounidenses y locales.

Confiscaciones y el papel de la Procuraduría General de Justicia

Entre 2020 y abril de 2026 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo transfirió al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social más de ciento diez propiedades confiscadas a opositores. Muchas de esas tierras fueron entregadas a alcaldías y a otras entidades estatales. El informe subraya que la Procuraduría actúa como fachada legal para esas expropiaciones, debilitando la garantía de los derechos de propiedad.

Impacto económico y mercado laboral

A pesar de indicadores macroeconómicos relativamente positivos, la dependencia de Nicaragua de las remesas sigue alta: se estiman alrededor de 6.300 millones de dólares en 2025, equivalentes al 30 % del PIB. El desempleo oficial se ubicó en 2,4 % a fines de 2025, pero el subempleo afecta al 40 % de la población y solo el 24 % de la fuerza laboral está afiliada al INSS. Las zonas francas siguen siendo la excepción más relajada, con más de 100.000 puestos de trabajo, aunque el gobierno ha endurecido recientemente los beneficios fiscales que disfrutaban.

Posibles respuestas comerciales de EE.UU.

Chamorro vincula el informe con la investigación que lleva adelante la Oficina del Representante Comercial bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. La documentación sobre confiscaciones y trato discriminatorio a empresas podría desencadenar medidas como aranceles más altos o sanciones contra instituciones que favorezcan a proveedores chinos. Por ahora, esas son posibilidades, no decisiones anunciadas.

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