El empresario Guillermo Tofoni sufrió un nuevo revés judicial en el marco del conflicto que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Georgia resolvió que el demandante incumplió la orden de protección que regulaba el uso de documentación bancaria obtenida durante el proceso civil y le ordenó recuperar todo el material que hubiera sido distribuido fuera del expediente autorizado.
La decisión fue adoptada por el juez federal Clay D. Land, quien además rechazó el pedido de Tofoni para utilizar esa documentación en cuatro causas penales abiertas en la Argentina. El magistrado recordó que los registros bancarios solo podían emplearse dentro del litigio civil contra la AFA y que cualquier otro destino requería una autorización expresa del tribunal estadounidense.
Según la resolución, el empresario habría difundido parte de ese material a periodistas y otros terceros, pese a las restricciones impuestas por la Justicia. El fallo sostiene que Tofoni únicamente acreditó haber solicitado la devolución de la documentación a algunos destinatarios, sin demostrar que hubiera realizado las mismas gestiones con el resto de quienes recibieron esos archivos, incluidos tribunales argentinos donde también fueron presentados.
El expediente recuerda que en octubre de 2025 la Justicia estadounidense había autorizado a Tofoni a acceder a documentación bancaria de Tourprodenter LLC, exclusivamente para utilizarla en la demanda civil contra la AFA. Posteriormente, a pedido de la empresa, el tribunal dictó una orden de protección que limitó expresamente el uso de ese material a ese único proceso judicial y prohibió cualquier otra difusión sin autorización previa.
Además de rechazar la autorización retroactiva solicitada por el empresario, el juez consideró que no logró demostrar que se cumplieran los requisitos legales establecidos por la Sección 1782 de la legislación federal estadounidense, mecanismo que debía utilizar si pretendía emplear la documentación en otros procesos. Tampoco acreditó que esos registros hubieran sido obtenidos legalmente para ser incorporados a las causas penales iniciadas en la Argentina.
El magistrado también advirtió que el incumplimiento de una orden de protección de estas características puede derivar en un proceso por “contempt of court” (desacato), una figura prevista por el sistema judicial estadounidense que contempla sanciones económicas e, incluso, penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
EL FALLO PONE EL FOCO SOBRE EL DESTINO DE LA DOCUMENTACIÓN
Como parte de la resolución, el juez ordenó a Guillermo Tofoni recuperar toda la documentación distribuida fuera del expediente. Para ello, deberá notificar, en un plazo de 14 días, a todas las personas y entidades que recibieron ese material para que procedan a devolverlo o destruirlo, además de presentar un informe detallando las medidas adoptadas para cumplir con la orden.
La decisión judicial también adquiere relevancia por su posible impacto sobre diversas publicaciones periodísticas vinculadas a una supuesta investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia en los Estados Unidos. De acuerdo con fuentes relacionadas con el expediente, parte de la información difundida tendría origen en la documentación cuyo uso estaba expresamente restringido por la Justicia norteamericana.
Con este nuevo pronunciamiento, el tribunal no solo ratificó los límites impuestos al uso de las pruebas obtenidas en territorio estadounidense, sino que además dejó bajo observación el accionar del empresario. Si la Justicia concluye que existió una desobediencia deliberada a sus órdenes, Tofoni podría enfrentar nuevas consecuencias procesales dentro del sistema judicial de los Estados Unidos.
