Los hijos de Ortega y Murillo lideran la última fase de la reforma constitucional en Nicaragua

El jueves 27 de agosto se cerró la etapa de consultas que el gobierno sandinista ha usado para validar una serie de reformas constitucionales anunciadas el 19 de julio. La reunión final contó con la participación de la Juventud Sandinista y, según el cronograma de la copresidenta Rosario Murillo, el 1 de septiembre se publicarán los resultados y el proyecto pasará a la Asamblea Nacional, donde la bancada sandinista lo aprobará en primera lectura.

Avance de la agenda de consultas y cifras oficiales

Hasta el 22 de agosto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y coordinador de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, había registrado 92.832 participantes provenientes de 25 sectores diferentes, combinando presencia física y conexiones virtuales. La meta era completar los 30 encuentros previstos, y en cada uno se escucharon militares, policías, funcionarios, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, docentes, comunicadores, artistas, médicos y representantes de iglesias.

El discurso oficial dentro de las salas

Los informes del gobierno describen un respaldo unánime, con palabras como “confianza”, “esperanza” y “apoyo” que abundan en los reportes. No se registró ninguna objeción pública que obligara a modificar sustancialmente el proyecto. Porras dejó claro desde la primera reunión que el objetivo era meramente informativo, sin votaciones ni encuestas que registraran posiciones a favor o en contra.

Los hijos Ortega Murillo como protagonistas del proceso

Una de las particularidades más llamativas es la presencia de los hijos de los copresidentes en distintas mesas de trabajo. Daniel Edmundo Ortega Murillo, a cargo del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, lideró la consulta de comunicadores el 4 de agosto, proclamando su “firme y total respaldo” al proyecto y acusando a los críticos de promover “terrorismo mediático” y “golpismo”.

Una semana después, Camila Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, tomó la palabra ante representantes de mipymes y la economía creativa, declarando que la reforma era “para el bienestar y la prosperidad de nuestra Nicaragua” y que, como hijos que aman la patria, tenían la responsabilidad histórica de garantizar la justicia y la paz.

Laur​eano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, estuvo presente en consultas con empresarios e incluso con el sector minero, asegurando que las reformas ofrecerían “más seguridad y estabilidad” a la inversión privada. Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte, participó en la sesión con deportistas, subrayando que los cambios fortalecerían la soberanía sin “pistolas en la cabeza”.

Rafael Ortega Murillo asistió a la reunión de comunicadores, aunque su intervención no quedó registrada en las transcripciones oficiales. Los demás hijos – Juan Carlos, Carlos Enrique y Luciana – no han aparecido públicamente en el proceso.

Voces disidentes bajo la sombra del temor

A pesar del tono homogéneo de los informes oficiales, algunas fuentes anónimas entrevistadas por la plataforma Confidencial describieron las sesiones como meras presentaciones informativas, sin espacio real para el debate. “Nadie dijo nada porque todos sabemos que es muy peligroso expresar inconformidades en voz alta”, confesó un empresario. Otro admitió temer represalias económicas si se mostraba crítico, y una tercera fuente señaló que los argumentos del gobierno eran fácilmente desmontables, pero nadie se atrevía a confrontarlos.

El único cuestionamiento público surgió del embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, quien preguntó durante la primera sesión si las futuras elecciones contarían con observación electoral independiente. Porras respondió que sólo habría “acompañantes” electorales, sin organismos externos.

Origen y alcance de la reforma constitucional

Las consultas se remontan al discurso de Ortega del 19 de julio, cuando, en el aniversario de la revolución sandinista, anunció que impediría que supuestos “golpistas” vuelvan al poder mediante elecciones. Días después, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de los análisis constitucionales, presentando un proyecto que plantea periodos de siete años para cargos electivos, la constitucionalización de la exclusión de opositores calificados como “traidores” y la fijación de la toma de posesión de la copresidencia al 18 de enero.

Porras intentó matizar la frase de Ortega, asegurando que no se pretendía eliminar las elecciones, sino evitar que los llamados “golpistas” puedan volver a ocupar cargos. Sin embargo, la combinación de consultas controladas, la presencia de la familia gobernante y la ausencia de críticas públicas alimenta la sospecha de que el proceso busca consolidar el poder del Frente Sandinista bajo un marco legal que limite la competencia.

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