Córdoba se moviliza contra la prórroga de la Emergencia en Discapacidad

Este miércoles 9 de septiembre la Cámara de Diputados debatirá la prórroga del proyecto de ley 27.793, que mantiene vigente la Emergencia en Discapacidad. En la capital cordobesa la concentración está programada a las 12 hs en la Plaza San Martín, donde se realizará una clase pública y, al término, una marcha alrededor del espacio.

La convocatoria en Plaza San Martín

El llamado del Colectivo Federal de Emergencia en Discapacidad reúne a personas con discapacidad, sus familias, profesionales y distintas instituciones. El objetivo es presionar a los diputados que asistirán al recinto para que, además de dar quórum, acompañen la continuidad de la emergencia y se pronuncien a favor del proyecto, algo que no ocurrió en la sesión anterior.

Patricia Giussani, integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), explicó a Hoy Día Córdoba que la movilización busca “insistir, instar, presionar, exigir a los diputados que bajen a dar quórum y cumplan con sus obligaciones”. Subrayó que el reclamo no distingue entre quienes apoyan o se oponen al proyecto: “Los que no lo apoyan, que tengan la dignidad y la decencia de bajar a discutir”.

Qué contempla la Ley 27.793

Vigente desde 2021, la normativa funciona como herramienta para presentar reclamos administrativos y judiciales vinculados al acceso a derechos y prestaciones. Su aplicación ha sido parcial, pero mientras esté activa permite a las organizaciones interponer amparos y otras acciones legales. Giussani recordó que la ley expirará en diciembre de 2026; sin ella, muchos procesos quedarían sin sustento jurídico.

En los últimos años la falta de una aplicación integral ha obligado a los beneficiarios a depender de la emergencia para exigir el cumplimiento de compromisos estatales, como la compensación a prestadores del sistema de discapacidad o la garantía de pensiones no contributivas.

Reclamos de pensiones y prestaciones

Giussani denunció que cientos de personas llevan alrededor de dos años esperando respuesta tras presentar la documentación para acceder a la pensión no contributiva por discapacidad. Según datos citados del exjefe de Gabinete Adorni, más de 100.000 pensiones fueron dadas de baja y apenas 3.000 altas en el último período de gestión.

Las pensiones otorgadas están vinculadas al 70 % de la jubilación mínima, lo que las vuelve vulnerables a los recortes salariales y a la caída del empleo registrado, principales fuentes de financiamiento del sistema. Además, la Ley de Emergencia contemplaba una compensación para los prestadores que perdieron ingresos en 2024, pero esa medida nunca se concretó.

Demoras en estudios y medicamentos

Otro punto crítico señalado por Giussani son los retrasos en la autorización de estudios, tratamientos y medicamentos por parte de PAMI e Incluir Salud. Lo que debería resolverse en tres meses se extiende a más de un año y medio, obligando a muchas familias a recurrir a la justicia. Los amparos presentados se multiplicaron por cuatro en los últimos dos años, saturando los tribunales y alargando los plazos de resolución de seis a ocho días a seis meses.

Ante este panorama la organización invita a la ciudadanía a sumarse a la marcha, compartir videos y adhesiones en su Instagram @emergenciadiscapacidadfederal y a ejercer presión para que la prórroga de la emergencia no se quede en una mera formalidad.

Alcance federal de la movilización

La acción de Plaza San Martín se replicará en distintos puntos del país, buscando que la convocatoria sea “multitudinaria y federal”, como resumió Giussani al cerrar la entrevista. La presión social, según la activista, es el único motor que puede mover a los legisladores a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad.

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