China presiona a la Argentina para silenciar debate sobre derechos humanos

En los últimos días la Cancillería argentina recibió una llamada de la embajada de Beijing solicitando la anulación inmediata de un foro que debía celebrarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, titulado “El Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o colapso?”, había sido organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y contaba con la presencia del activista uigur Dolkun Isa.

Cancelación del foro en la Legislatura porteña

Tras la petición diplomática, funcionarios del Poder Ejecutivo contactaron de urgencia a los legisladores y retiraron la autorización del evento. El embajador Wang Wei, quien encabezó la solicitud, fue atendido sin que se hiciera pública la presión ejercida. La conferencia tuvo que trasladarse a otro recinto, pero la maniobra dejó al descubierto la capacidad de Beijing para intervenir en espacios de debate críticos dentro del territorio argentino.

La polémica Ley de Unidad Étnica y su proyección internacional

El caso se inscribe en una estrategia más amplia del Partido Comunista Chino (PCC) impulsada por la recién aprobada Ley de Unidad Étnica. La norma obliga a escuelas, instituciones religiosas y familias a inculcar la “unidad étnica” definida por el PCC, imponiendo el mandarín como lengua obligatoria y condicionando la práctica religiosa a la lealtad al Estado. Según el activista Omer Kanat, “todos los niños deben ser educados para amar al Partido y cualquier fe solo se permite si se adapta al Estado”.

Dolkun Isa detenido en Marruecos bajo presión china

Dolkun Isa, ex presidente del Congreso Mundial Uigur y exiliado en Alemania, había sido invitado a la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa en Casablanca. A horas de su llegada, autoridades marroquíes, presuntamente bajo presión de Beijing, lo retuvieron durante más de quince horas y lo enviaron de regreso a Europa sin ofrecer explicaciones. El Congreso Uigur Mundial denunció el hecho como parte de un “patrón de represión transnacional”.

Reacciones internacionales y riesgos para la diáspora

Gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios países de la UE han calificado la campaña contra los uigures como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Informes de la ONU y de investigadores como Adrian Zenz y Muetter Tohti estiman que entre 500 000 y 1,8 millones de uigures están recluidos en campos de alta seguridad, sometidos a trabajos forzados, tortura y esterilizaciones. Las organizaciones de derechos humanos piden a los gobiernos que rechacen cualquier intento de aplicar la Ley de Unidad Étnica a la diáspora y que defiendan la libertad de expresión en todos los países. Como advierte Kanat, “la posibilidad de procesar a individuos en el extranjero por socavar la unidad étnica debería alarmar a todos los gobiernos”.

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