Cónsul de Bolivia y Defensoría de Córdoba sellan pacto para mejorar derechos de migrantes

Este martes el cónsul de Bolivia, Santos Aurelio Rodríguez Laura, se reunió en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia, en el centro de la capital cordobesa, para avanzar en el Programa de Migrantes. La charla contó con la presencia de autoridades locales y marcó un nuevo intento de articular políticas que favorezcan a la población boliviana radicada en la región.

Objetivo del encuentro

El propósito de la visita consular fue reforzar los lazos institucionales y conocer de primera mano las problemáticas que viven los migrantes bolivianos en Córdoba. Ambas partes coincidieron en que la cooperación entre la embajada y la Defensoría es esencial para diseñar respuestas concretas que reduzcan la exclusión y faciliten la integración social y laboral.

Principales vulnerabilidades de la comunidad boliviana

Durante la reunión se detallaron las dificultades más frecuentes: la falta de acceso a documentación oficial, los retrasos en la tramitación del DNI, la regularización de la residencia y los obstáculos para ingresar al sistema educativo y de salud. Estas carencias generan una cadena de exclusión que afecta la calidad de vida de muchas familias, que a menudo se ven obligadas a trabajar en la informalidad.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, recordó que el Estado tiene la responsabilidad de no dejar a nadie “invisible”. “Cuando a una persona le falta un documento se le niegan oportunidades laborales, de salud y educativas. Esa acumulación de barreras profundiza la exclusión”, subrayó el funcionario.

Compromisos y próximos pasos

El equipo de la Defensoría estuvo representado por la secretaria general Constanza Monayar, la secretaria de Comunicación Gabriela Pérez Carretta, la directora del Área de Legales Marcela Igoillo, el coordinador del Programa de Migrantes Franco Jular y la integrante del Programa de Inclusión Social Etel Juárez. Juntos firmaron un convenio de cooperación que establece una agenda conjunta para simplificar trámites, facilitar el acceso a servicios públicos y promover acciones formativas en derechos humanos.

Como medida inmediata, el Centro Público de Mediación Comunitaria se sumará al proyecto, brindando asesoría legal y asistencia social a los bolivianos que necesiten orientación. La meta es crear un canal permanente de acompañamiento que reduzca la informalidad laboral y mejore la inserción de la comunidad en la sociedad cordobesa.

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