Gobierno boliviano despliega tropas y policías en Yapacaní para evitar nuevos bloqueos de carreteras
El Estado de excepción y la polémica del subsidio al diésel impulsan la movilización militar en la zona de Yapacaní.

El lunes 20 de agosto el Ministerio de Defensa de Bolivia ordenó el envío de unidades militares y de la Policía Boliviana al municipio de Yapacaní, a 131 km de la ciudad de Santa Cruz, con la misión de impedir que campesinos vuelvan a bloquear la vía que conecta la zona con el centro y occidente del país.
Operativo preventivo en la zona de Yapacaní
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la medida se tomó de forma preventiva durante la noche del lunes, luego de que surgieran indicios de una nueva movilización campesina. “La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos”, declaró en el comunicado oficial, subrayando que las fuerzas armadas actuarán en coordinación con la Policía Boliviana.
Origen del conflicto: el subsidio al diésel
La tensión tiene su raíz en el decreto emitido el 17 de agosto que fijó un precio referencial de 18 bolivianos (USD 1,55) por litro de diésel para industrias y grandes consumidores. Esa tarifa casi duplica el costo que paga el transporte público y los usuarios menores a 5.000 litros mensuales, que siguen abonando 9,80 bolivianos (USD 0,84). El sector agroindustrial de Santa Cruz denunció que la medida “castiga” a los productores y no soluciona la escasez de combustible que lleva semanas generando largas filas en las estaciones de servicio.
Reacción de los campesinos y del sector agroindustrial
En una reunión celebrada en Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, alcanzó un acuerdo provisional con representantes campesinos. El dirigente Juan Cáceres, citado por EFE, confirmó que el gobierno gestionará la anulación del decreto en un plazo de 48 horas; de lo contrario, las organizaciones “se van a unificar para decidir el camino a seguir”. Paredes, por su parte, admitió que comparte el sentir de los campesinos, pues el subsidio no habría detenido el desvío del diésel hacia actividades ilícitas ni llegado a los pequeños productores.
Contexto político y estado de excepción
El presidente Rodrigo Paz decretó un estado de excepción el 20 de junio, con vigencia de 90 días, tras una ola de protestas y bloqueos protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales. La medida permite mantener la libre circulación y protege la infraestructura crítica, pero no restringe la protesta pacífica ni la reunión de grupos. En Cochabamba, bastión del exmandatario, se esperan nuevas concentraciones para presionar la revocación del subsidio, mientras el gobierno intenta equilibrar la presión del campo con la necesidad de garantizar el suministro de combustible al resto del país.
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