Informe CHRD revela tortura sistemática en cárceles chinas: golpes, descargas y jaulas de hierro
El nuevo estudio documenta abusos contra cientos de internos en todo el país
Un informe publicado este miércoles por la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) confirma que en China continúan usando la tortura para forzar confesiones, recurriendo a golpes, descargas eléctricas y a la negación de atención médica básica.
El alcance de los abusos según el estudio
El documento analizó a 209 reclusos que fueron entrevistados entre 2016 y 2025. De ellos, el veinte por ciento declaró haber recibido palizas y el quince por ciento admitió haber sido torturado con el único objetivo de obtener una declaración. Además, el treinta y cinco por ciento denunció la falta de cuidados médicos, una omisión que habría cobrado la vida de dieciséis internos. Los testimonios provienen de todas las provincias y regiones administrativas especiales, salvo Macao.
Contexto y antecedentes del CHRD
Chinese Human Rights Defenders es una ONG con sede en Hong Kong que lleva más de una década documentando violaciones de derechos humanos en la República Popular. Sus informes anteriores ya habían señalado casos de tortura en centros de detención de Xinjiang y en la región tibetana, pero el presente estudio es el primero que cubre de forma sistemática todo el territorio nacional durante un periodo de casi una década.
Yin Dengzhen: la historia que encarna la crueldad
Entre los testimonios destaca el de Yin Dengzhen, una ex‑vendedora de verduras de 58 años condenada a cuatro años y medio por “provocar disputas y causar problemas”. Su hija, Xia Beibei, relató a la AFP que su madre, diagnosticada con linfoma y con un peso que cayó bajo los 35 kilos, fue privada de la atención médica adecuada mientras estaba en detención preventiva en Hubei. A pesar del grave estado de salud, las autoridades aseguraron que Yin estaba “en buen estado” y la trasladaron a una prisión de mujeres en Wuhan. “Lo que me parece más inaceptable es que, incluso cuando mi madre estaba gravemente enferma y posiblemente enfrentándose a la muerte, las autoridades ocultaron maliciosamente su estado y dijeron que no padecía ninguna enfermedad grave”, denunció Xia, que añadió que su madre llegó a pensar que la cárcel la había encerrado para dejarla morir.
Métodos de coerción más allá de los golpes
El informe también recoge denuncias de privación de sueño, hambre, agua y exposición a temperaturas gélidas. Algunos internos relataron haber sido encerrados en jaulas de hierro o colgados de las muñecas, mientras que otros describieron descargas eléctricas como parte de la rutina de interrogatorio. Estas prácticas, aunque prohibidas por la legislación china, siguen siendo comunes según los testimonios recopilados.
Marco legal y la respuesta oficial de Beijing
En la normativa china la tortura y el uso de la violencia para obtener confesiones están penados con hasta tres años de prisión, con agravantes si se producen lesiones graves o muerte. China también es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, pero históricamente ha sido acusada de no aplicar ni hacer cumplir esas disposiciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino respondió a la AFP que sus autoridades judiciales actúan “en estricto acuerdo con la ley” y defienden los derechos legales de todas las partes. Asimismo, acusó al CHRD de “prejuicios contra China” y de “fabricar mentiras”. En 2025 el fiscal general admitió la existencia de casos de tortura y prometió tomar medidas enérgicas contra los funcionarios que las perpetúen, aunque el informe del CHRD no encontró evidencia de procesos penales ni sanciones disciplinarias.
Repercusiones para la comunidad internacional
El panorama descrito refuerza la crítica de organismos internacionales y ONG que señalan que la impunidad sigue siendo la regla en el país. La falta de investigaciones y los castigos adicionales a quienes denuncian los abusos crean un clima de miedo que dificulta cualquier intento de reforma. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue presionando a Pekín para que cumpla con sus obligaciones bajo la Convención contra la Tortura y garantice mecanismos de rendición de cuentas efectivos.
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