Jueza de Florida ordena arresto a Raúl Castro por el derribo de aviones de 1996
La medida reabre la controversia de los ataques a los aviones de Hermanos al Rescate y plantea un nuevo capítulo de la justicia internacional.
El viernes, la jueza Ariana Fajardo Orshan del Undécimo Circuito Judicial de Florida firmó una orden de arresto contra Raúl Castro, exjefe de las Fuerzas Armadas cubanas, tras encontrar causa probable de conspiración para cometer asesinatos en primer grado. La medida se fundamenta en la investigación que vincula al exlíder con el derribo de dos aviones civiles de la ONG Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y que dejó cuatro muertos, entre ellos tres estadounidenses y un residente permanente legal.
El caso que reabre una herida de los años noventa
El expediente judicial sostiene que Castro coordinó la operación con una red de espías cubanos instalados en Miami y en la base naval de Cayo Hueso. Según la declaración jurada presentada ante la magistrada, dos agentes infiltrados en la organización recopilaron datos de vuelo y enviaron la información a La Habana, advirtiendo a sus superiores que los aviones no volarían entre el 24 y el 27 de febrero. Un agente salió de Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, justo un día antes del ataque aéreo.
Reacción de las autoridades y del gobierno cubano
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró que “Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridenses a sangre fría” y que el Estado no cesará en la búsqueda de responsabilidades. Por su parte, el gobierno cubano mantuvo que los aviones fueron derribados sobre aguas cubanas, mientras que Estados Unidos y una investigación de la ONU concluyeron que el incidente tuvo lugar en aguas internacionales.
Antecedentes del derribo y su impacto internacional
Los dos aviones de Hermanos al Rescate, una organización que ayudaba a refugiados cubanos a escapar, fueron abatidos por la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea Revolucionaria de Cuba. El hecho provocó una ola de condenas internacionales y marcó un punto crítico en las relaciones entre EE. UU. y La Habana. En 1996, el Departamento de Estado estadounidense sancionó a varios funcionarios cubanos, y la ONU abrió una investigación que confirmó la responsabilidad cubana.
Procedimientos judiciales en marcha
La Fiscalía de Florida abrió en marzo una pesquisa penal estatal sobre el papel de Castro en los homicidios. En mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos federales por asesinato y conspiración contra el exlíder, ya de 95 años. La orden de arresto emitida por la jueza Fajardo Orshan se suma a esos cargos, aunque Castro se encuentra en la isla bajo protección de su gobierno y no hay indicios de que pueda ser entregado a la justicia estadounidense.
Qué significa la medida para la comunidad cubano‑americana
Para la comunidad de exiliados cubanos en Miami, la orden de arresto representa un paso simbólico importante: la posibilidad de que la justicia estadounidense pueda responder a una de las heridas más dolorosas de la diáspora. Sin embargo, expertos legales advierten que la ejecución de la orden dependerá de la política exterior y de la disposición cubana a cooperar, lo que a la fecha parece poco probable.
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