La polémica venta de Vasco da Gama y sus gigantescas deudas perjudican la economía de los clubes argentinos

Vasco da Gama respondió oficialmente a la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (ANRESF) para defender la legalidad del proceso de venta de su Sociedad Anónima del Fútbol (SAF). En la presentación, el club aseguró que la operación no infringe las normas del Sistema de Sostenibilidad Financiera (SSF), el Fair Play Financiero implementado este año por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), mientras continúa el análisis sobre un posible conflicto de intereses.
La respuesta del conjunto carioca llegó luego de que la ANRESF solicitara documentación vinculada a la negociación. Tanto el presidente del Vasco, Pedrinho, como el inversor Marcos Lamacchia ya habían manifestado públicamente en distintas oportunidades que el acuerdo entre las partes estaba firmado, aunque el proceso todavía no fue concluido de manera oficial.
La investigación comenzó tras una presentación realizada por Flamengo, que pidió la intervención del organismo regulador para revisar la operación. Sin embargo, la ANRESF optó por tratar el caso únicamente con Vasco y con los inversores involucrados, ya que el reglamento del Fair Play Financiero brasileño no contempla la figura de terceros interesados dentro de este tipo de procedimientos.
En esta primera etapa, Vasco se limitó a enviar la documentación requerida y reiteró que no existe ningún impedimento reglamentario para concretar la venta de la SAF. Ahora será la ANRESF la encargada de evaluar la información presentada antes de avanzar con las siguientes instancias del proceso.
El análisis no será inmediato. El organismo deberá completar distintas etapas que incluyen el estudio de la documentación, una audiencia con las partes involucradas y el tratamiento del caso en primera instancia. En caso de apelación, el expediente podrá llegar al plenario del ente regulador.
El principal punto que se encuentra bajo evaluación es la posible existencia de un conflicto de intereses. Si la ANRESF concluye que esa incompatibilidad existe, tendrá la facultad de exigir modificaciones o imponer condiciones para aprobar definitivamente la operación.
La discusión gira en torno a los vínculos familiares entre los protagonistas del acuerdo. Marcos Lamacchia, uno de los inversores de la negociación, es hijo de José Lamacchia, fundador de Crefisa y garante financiero de la operación. A su vez, José Lamacchia está casado con Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, cuyo mandato se extenderá hasta diciembre de 2027.
Precisamente ese fue el argumento utilizado por Flamengo para cuestionar la operación. El club sostuvo que el Reglamento de Sostenibilidad Financiera prohíbe que una misma persona física o jurídica ejerza, directa o indirectamente, control o influencia significativa sobre más de un club. Mientras la investigación continúa, Vasco insiste en que la venta de la SAF cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente y espera la resolución definitiva de la ANRESF.
EL CASO JUAN SFORZA, EL ANTECEDENTE QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS EN ARGENTINA
El caso de Juan Sforza se convirtió en uno de los ejemplos más claros del impacto que puede tener la legislación brasileña sobre las deudas derivadas de transferencias internacionales. Tras vender al mediocampista a Vasco da Gama, Newell’s Old Boys reclamó el pago de cuotas pendientes del pase y obtuvo un fallo favorable de la FIFA, que ordenó al club brasileño cancelar la deuda.
Sin embargo, Vasco ingresó a un proceso de Recuperación Judicial ante la Justicia de Río de Janeiro, una herramienta similar al concurso preventivo que suspendió las ejecuciones de deuda y dejó sin efecto inmediato la posibilidad de cobrar el dinero. En ese marco, el club brasileño logró que se aprobara un plan de reestructuración que contempla el pago del monto adeudado en un plazo de hasta 15 años, por lo que Newell’s recién terminaría de percibir el dinero en 2039.
La situación generó preocupación en el fútbol sudamericano, ya que expuso cómo este tipo de mecanismos puede alterar las condiciones originales de una transferencia internacional. Incluso en Brasil comenzó un debate sobre la necesidad de modificar la legislación para evitar que operaciones entre clubes de distintos países queden alcanzadas por este tipo de procesos y los acreedores deban esperar más de una década para cobrar.
RIVER Y RACING, ATENTOS A LA SITUACIÓN, NO VENDIERON A FACUNDO COLIDIO Y SANTIAGO SOSA
Los casos de Facundo Colidio y Santiago Sosa se entienden mucho mejor a la luz de lo que pasó con Juan Sforza.
En ambos casos, River y Racing no rechazaron únicamente las ofertas por cuestiones económicas, sino que buscaron mayores garantías de cobro ante la delicada situación financiera y judicial que atraviesa Vasco da Gama. El antecedente de la deuda con Newell’s por el pase de Sforza encendió las alarmas en el fútbol argentino.
En el caso de Santiago Sosa, Racing rechazó una primera propuesta cercana a los USD 7,5 millones y, cuando las negociaciones continuaron, una de las principales exigencias del club de Avellaneda fue incorporar cláusulas mucho más estrictas por incumplimiento de pago, justamente para evitar atravesar una situación similar a la que sufrió Newell’s con Vasco. Las conversaciones siguieron abiertas, pero el eje dejó de ser solamente el monto de la operación y pasó a ser la seguridad del cobro.
Algo similar ocurrió con Facundo Colidio. River recibió el interés de Vasco, pero las garantías financieras se transformaron en un punto central de la negociación. El Millonario, al igual que Racing, tomó nota de los antecedentes recientes del club carioca y evitó avanzar sin contar con mecanismos que aseguraran el cumplimiento de los pagos pactados.





