PAMI e Incluir Salud bajo la Lupa de la Justicia: 72 Horas para Regularizar Pagos a Prestadores

La Justicia Federal de Córdoba ha emitido un fallo histórico que ordena a PAMI y al programa Incluir Salud regularizar, en un plazo máximo de 72 horas, la cadena de pagos a los prestadores que brindan servicios a beneficiarios de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esta resolución, firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, tiene un impacto directo en el sistema de atención a personas con discapacidad, garantizando el acceso oportuno a servicios esenciales.

La resolución surge en el marco de una acción de amparo colectiva promovida por una madre cordobesa en representación de su hijo, una persona con discapacidad que depende de prestaciones de salud, rehabilitación y asistencia integral para su vida cotidiana. El magistrado hizo extensivos los efectos de la sentencia a todo el colectivo de personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas y reciben cobertura a través de Incluir Salud o de PAMI, además de sus familias, curadores, tutores y cuidadores.

La Lucha por la Continuidad de las Prestaciones

La demanda tuvo origen en la preocupación por la interrupción de la cadena de pagos a instituciones y profesionales que prestan servicios en el marco de la Ley 24.901, que garantiza un sistema integral de atención para personas con discapacidad. La presentación judicial advirtió que las demoras acumuladas desde fines de 2025 estaban poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos, hogares, centros de día, prestaciones educativas, rehabilitación y provisión de medicamentos.

La actora sostuvo que miles de beneficiarios carecen de recursos económicos para afrontar de manera privada esos servicios, por lo que una eventual suspensión de las prestaciones implicaría una vulneración directa de derechos esenciales como la salud, la integridad física y una vida digna. Durante el proceso, el tribunal solicitó informes a distintas entidades vinculadas al sector, y las respuestas coincidieron en señalar atrasos de varios meses en los pagos.

Las Consecuencias de las Deudas Acumuladas

Instituciones como APADIM Córdoba, el Pequeño Cottolengo Don Orione, Villa Bustos y el Centro Educativo Terapéutico Mi Lugar informaron deudas correspondientes a prestaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026. Los responsables de estas organizaciones describieron graves dificultades financieras derivadas de los incumplimientos, incluyendo pago desdoblado de salarios, endeudamiento, atraso con proveedores e incluso problemas para garantizar la provisión de medicamentos.

La Postura de la Justicia

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja consideró que las explicaciones oficiales sobre los retrasos no justifican la mora acumulada. En la sentencia sostuvo que las facultades de control estatal no pueden ejercerse de manera tal que terminen afectando derechos fundamentales de personas en situación de especial vulnerabilidad.

La resolución también hace referencia al marco legal vigente, especialmente a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento adecuado y sostenible de las prestaciones destinadas a este colectivo. El magistrado remarcó que la demora en los pagos genera un deterioro progresivo del sistema, compromete la continuidad de los tratamientos y produce retrocesos en los procesos de rehabilitación alcanzados por los beneficiarios.

Un Antecedente Relevante para el Sector de la Discapacidad

La decisión ya fue incorporada al Registro Público de Procesos Colectivos y se perfila como un antecedente relevante para el sector de la discapacidad, en un contexto marcado por reclamos de prestadores, familias y organizaciones que denuncian dificultades crecientes para sostener los servicios destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país.

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