Primer proceso judicial contra el ex general Roosevelt Hernández por presunta persecución a la prensa en Honduras
Una jueza ordenó el procesamiento del ex jefe del Estado Mayor por incitar a la discriminación y vulnerar la libertad de expresión.
El 1 de septiembre de 2026 una jueza de la Corte Suprema de Honduras emitió el auto de formal procesamiento contra el general retirado Roosevelt Hernández, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto y secretario de Defensa durante la gestión de Xiomara Castro. La audiencia preliminar quedó agendada para el 14 de ese mismo mes y la causa se sustenta en la acusación de incitación a la discriminación y de vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión.
Una polémica que se remonta a la campaña electoral de 2026
El caso no apareció de la noche a la mañana. Durante la contienda que culminó con la victoria de Nasry Asfura el 27 de enero de 2026, la relación entre las Fuerzas Armadas y los medios se volvió tensa. En noviembre de 2024 el Auditor Jurídico Militar había presentado una denuncia contra doce medios, alegando calumnias y difamación. La situación escaló el 9 de marzo de 2025, día de las primarias, cuando la entrega de material electoral quedó retrasada en el 72 % de los centros de votación bajo custodia militar, lo que desató una ola de críticas de la comunidad periodística.
La directora de la Red Centroamericana de Periodistas, Thelma Mejía, denunció que el retraso provocó hostilidad contra la prensa y que los reporteros exigieron al Ministerio Público una investigación. Según Mejía, esas peticiones encendieron la irritación de Hernández, que empezó a lanzar ataques verbales contra los periodistas que cubrían el proceso electoral.
La campaña de difamación que alimentó el conflicto
El 26 de mayo de 2025 la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” lanzó una edición titulada “Sicarios de la verdad”, en la que señalaba a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra como difusores de información falsa. La pieza se acompañó de una serie de publicaciones en redes sociales y de un ataque público del propio Hernández contra el periodista José Adán López, acusándolo de vínculos con el crimen organizado.
Simultáneamente, se colocaron mantas publicitarias en varios puntos de Tegucigalpa con la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. El grupo que reclamó esas pancartas se identificó como Movimiento Popular Hondureño, aunque no estableció un vínculo directo con la institución militar.
Violencia contra los medios en el contexto electoral
Un informe de la ONG C‑Libre reveló un aumento del 19,6 % en agresiones a medios y defensores de derechos humanos durante el ciclo electoral. El estudio indicó que el 49 % de los ataques provenían de las Fuerzas Armadas, el 22,8 % de funcionarios del gobierno de Castro y el 17 % de la Policía Nacional.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reporte anual de 2025, advirtió sobre una “progresiva erosión del debate público” y señaló que las fuerzas armadas hondureñas habían utilizado tanto discursos públicos como la amenaza de procesos penales para intimidar a los periodistas que investigaban sus acciones.
Presión de la sociedad civil y miradas al futuro
Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), explicó que la investigación no habría llegado tan lejos sin la presión constante de periodistas y ONG. “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte durante tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal”, sostuvo.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advirtió que la presentación del caso en noviembre de 2025, justo antes del cambio de gobierno, podría generar sospechas sobre motivaciones políticas. No obstante, sostuvo que la causa tiene el potencial de convertirse en un parteaguas para sancionar actos de coerción contra la prensa y sentar jurisprudencia en un país donde la impunidad sigue siendo alta.
Para Thelma Mejía, el proceso también representa una barrera frente a futuras tensiones con la nueva administración. “Creemos que en este gobierno probablemente no se vivirá la confrontación con los medios tan fuerte como en el pasado, pero eso no significa que no habrá intentos de controlar la opinión”, concluyó.
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