El mes de mayo de este año será recordado en la isla de Cuba como un período de intensa represión por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel. Según un informe detallado presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se registraron un total de 332 acciones represivas, lo que evidencia el aumento de la presión sobre los activistas y la sociedad civil en general.
Dentro de estas acciones represivas, 55 corresponden a detenciones arbitrarias, mientras que 277 se clasifican como otras formas de abuso por parte del régimen. Esto incluye el sitio policial de viviendas de activistas, con 79 casos documentados, seguido de abusos contra presos políticos y comunes, con 58 registros, y la interrupción de comunicaciones, con 43 casos. Además, se han reportado numerosos hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.
Las provincias de La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín fueron las más afectadas por estas acciones represivas. A comienzos de mayo, las detenciones afectaron a figuras conocidas del activismo y la sociedad civil, incluyendo a Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, y al ex preso político Ángel Juan Moya Acosta. Estos eventos demuestran la determinación del régimen para silenciar a los disidentes y mantener el control sobre la población.
En respuesta a esta situación, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó una solicitud formal ante las autoridades de la Unión Europea para la creación de un Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano. Esta propuesta busca financiar el fondo con los activos malversados por La Habana y depositados en cuentas del exterior, con el objetivo de reparar a las víctimas de la represión.
La iniciativa se basa en la premisa de que los bienes expoliados al pueblo cubano deben servir para reparar a ese mismo pueblo. El contraste entre la riqueza del conglomerado militar GAESA y la pobreza de la población cubana es brutal. Mientras GAESA acumula activos en el exterior, el salario medio en la isla no alcanza los 10 dólares al mes. Desde 1959, el régimen cubano confiscó la propiedad del pueblo y concentró los activos en esta estructura militar opaca.
El Departamento de Estado norteamericano estima que GAESA tiene hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos depositados en cuentas exteriores. La iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos se inscribe en el nuevo escenario creado por las recientes acciones de Washington, que incluyen la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, que amplió el programa de sanciones sobre Cuba e introdujo el riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades bloqueadas.
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