Cuba registra 79 violaciones de derechos y cuatro muertes en sus cárceles durante septiembre

En septiembre de 2024 el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), con sede en México, dio a conocer que se contabilizaron 79 violaciones de derechos humanos en prisiones, campos de trabajo forzado y centros de instrucción penal de la isla, entre los que se suman cuatro fallecimientos de internos.

Los establecimientos más afectados

Las denuncias provienen de 34 recintos repartidos en 12 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud. Los penales de Camagüey, conocidos como Kilo 7 y Kilo 8, y la prisión de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, concentraron la mayor cantidad de reclamos. En total, 72 personas – cuatro mujeres y 68 hombres – resultaron directamente afectadas; otras 23 denuncias describen situaciones que impactaron a toda la población de un mismo establecimiento.

Tipos de abusos que se repiten

La negación de atención médica lidera la lista con 27 denuncias, seguida de problemas de salud reportados en 26 casos. La alimentación deficiente quedó señalada en 19 incidentes, mientras que 15 reclamos se refieren a restricciones de comunicación y nueve a traslados forzados. El informe también documenta represalias como suspensión de visitas y llamadas, celdas de castigo y golpizas contra quienes protestan por sus condiciones.

Fallecimientos que ponen el foco en la salud carcelaria

Entre los muertos, el preso político Florentino Morón Torres, detenido en la prisión provincial de Las Tunas, falleció el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara después de sufrir un infarto en su celda y no recibir atención médica a tiempo. Reinier Ramírez Domínguez, interno común, murió en el hospital Calixto García de La Habana diecisiete días después de obtener una licencia extrapenal; su estado estaba gravemente comprometido por la escasa atención sanitaria en la cárcel.

Dos reclusos de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, murieron por falta de alimentación y desnutrición severa. El CDPC subraya que la mayoría de las víctimas son detenidos por razones políticas y que muchos padecen enfermedades crónicas como tuberculosis, diabetes, asma, psoriasis y VIH, lo que agrava la vulnerabilidad ante la falta de cuidados médicos.

Antecedentes y contexto de la documentación

El informe de septiembre se suma a una serie que el centro lleva elaborando desde hace años. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025 el CDPC contabilizó 60 muertes en cárceles cubanas, 47 vinculadas a la salud física y mental de los internos y a la falta de atención médica. En ese mismo período se registraron 1 330 violaciones de derechos, entre ellas 402 casos de negación de atención médica y 224 de deficiencias alimentarias.

En febrero, la ONG solicitó información oficial sobre el estado de salud de los internos de la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras un motín que se habría producido allí. Hasta la fecha, las autoridades cubanas no publican datos sobre muertes bajo custodia, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos.

Repercusiones políticas y reacciones internacionales

El caso se cruza con la polémica de los presos políticos, una categoría que La Habana no reconoce oficialmente. La organización española Prisoners Defenders contabilizó 1 260 presos políticos en abril. En marzo, el gobierno cubano anunció la excarcelación anticipada de 51 reclusos como gesto al Vaticano; en abril, concedió un indulto a 2 010 internos bajo la excusa humanitaria, aunque solo 27 de los 51 liberados fueron identificados como presos políticos por la ONG.

Las denuncias continúan alimentando la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil, que exigen a La Habana una revisión integral del sistema penitenciario y la garantía de atención médica básica para todos los internos.

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