Cuba alcanza un récord histórico con 1.339 presos políticos en agosto de 2026

El informe mensual de la ONG Prisoners Defenders cerró el mes de agosto con 1.339 presos políticos registrados, la cifra más alta que se recuerda en décadas. El recuento incluye 19 nuevas detenciones y siete bajas, lo que dejó un aumento neto de 12 personas respecto al mes anterior. En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, la organización contabilizó 281 nuevos presos, superando cualquier nivel de los últimos tres años con un promedio superior a 23 casos por mes.

Una escalada que se vuelve trampa para la población

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, describió la situación como una “trampa para la población”. Según su declaración, reclamos tan cotidianos como el acceso al agua o a la electricidad pueden terminar en una celda, al igual que la simple acción de grabar a un agente incumpliendo sus funciones. La ONG advierte que la persecución se extiende más allá del activista detenido, involucrando amenazas, sanciones económicas y la separación forzada de familias enteras.

Mujeres y menores marcan un récord sin precedentes

De los 1.339 internos, 155 son mujeres, una cifra que la organización califica como un récord absoluto en décadas. Además, la lista incluye a 38 personas arrestadas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 continúan recluidas. Larrondo subrayó que estos casos no son aislados, sino la cara visible de cientos de detenciones que se suceden en silencio.

Historias que ponen el foco en la crueldad del sistema

Doraikis Delgado González fue detenida el 7 de julio mientras transmitía en directo una protesta por la falta de electricidad en Alamar, La Habana. Sin orden judicial, la enviaron a la Prisión de Mujeres de Occidente bajo la acusación de “difamación de las instituciones y de los héroes y mártires”. La activista padece hemofilia y la autoridad le niega la atención médica necesaria, mientras sus dos hijos quedan al cuidado de vecinos.

Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, fue arrestada el 28 de agosto en su vivienda de Lawton después de denunciar la ausencia de agua. Cuatro agentes irrumpieron sin citación y la llevaron frente a su hija, que rompió a llorar. Fue puesta en el Centro de Torturas El Vivac y, aunque liberada el 2 de septiembre, debe presentarse diariamente a firmar en una unidad policial, manteniendo a su familia bajo constante presión.

Detenciones de menores y la crisis sanitaria carcelaria

El caso de Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, detenido sin orden durante las protestas de marzo en Morón, ilustra la gravedad del panorama sanitario. El joven contrajo hepatitis dentro del penal de Canaleta, Ciego de Ávila, y las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital, manteniéndolo en la enfermería del penal y sometiéndolo a agresiones por rechazar la comida en condiciones deplorables. Prisoners Defenders señaló que 463 presos presentan patologías médicas graves y 54 padecen trastornos mentales severos, todos vinculados a la falta de alimentación, malos tratos y la negación sistemática de atención.

Reacción internacional y la postura de la ONU

Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años y golpeado en la prisión de trabajo forzoso La Lima, fue catalogado como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU, que ya había exigido su liberación. A pesar de la condena, las autoridades cubanas continúan negándole exámenes médicos tras la agresión. En otro caso, Carlos Alberto McDonald Ennis recibió una sentencia de siete años bajo la acusación de pertenecer a Cuba Primero, sin pruebas concretas. Larrondo calificó la condena como “una sentencia de muerte velada” que evidencia la política de castigo colectivo.

Con 2.167 presos políticos contabilizados desde julio de 2021, la ola de detenciones y la falta de asistencia médica ponen en evidencia una crisis de derechos humanos que, según la ONG, sigue sin recibir la atención necesaria de la comunidad internacional.

Explorá más noticias en nuestra sección: Mundo