Córdoba

Denuncia Penal Contra el PAMI por Negar Fármacos Gratuitos a Jubilados Vulnerables

La Apdh denuncia al PAMI por negar fármacos gratuitos a jubilados vulnerables, poniendo en riesgo sus vidas

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) presentó una denuncia penal contra las autoridades del PAMI por no restablecer la entrega de fármacos gratuitos a afiliados vulnerables, a pesar de las resoluciones judiciales que ordenaban su suspensión. Esta medida ha generado una gran preocupación entre los adultos mayores, quienes dependen de estos medicamentos para su bienestar y supervivencia.

La denuncia, presentada en septiembre de 2025 ante la Fiscalía Federal de Córdoba, señala como responsables directos al director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, y al exdirector provincial Marcos Patiño Brizuela. La acción jurídica busca establecer responsabilidades por la desobediencia reiterada de resoluciones judiciales que amparaban a afiliados vulnerables, lo que pone en riesgo la vida de miles de personas.

La Investigación en Marcha

La causa recayó en la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, bajo la titularidad de Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado asumió la competencia territorial y material del caso al considerar que la acusación involucra delitos perseguibles de oficio que afectan directamente a los jubilados, muchos de los cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

Como consecuencia directa de este avance, el tribunal imputó formalmente a Leguizamo y Patiño Brizuela y citó a ambos a prestar declaración indagatoria. La acusación formulada por el organismo abarca los supuestos delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, estafa procesal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que podría tener graves consecuencias para los acusados si son encontrados culpables.

El Contexto del Caso

El conflicto judicial se originó por el desconocimiento sistemático de la medida cautelar dictada el 16 de mayo de 2025 en Mendoza, la cual ordenaba la suspensión de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 que recortaron el programa Vivir Mejor. A pesar de las sucesivas intimaciones y de las multas diarias fijadas por los jueces, las autoridades mantuvieron la negativa a entregar medicamentos gratuitos, lo que ha generado un escenario de gran incertidumbre y angustia entre los afiliados.

Desde la Apdh ratificaron el «compromiso de continuar y llevar hasta las últimas instancias las acciones emprendidas» tras alertar que esta decisión «pone en riesgo la vida» de los adultos mayores. La organización ha expresado su preocupación por la situación y ha llamado a las autoridades a cumplir con sus obligaciones legales y a garantizar el acceso a los medicamentos necesarios para los afiliados vulnerables, muchos de los cuales dependen de estos fármacos para tratar enfermedades crónicas o condiciones de salud graves.

La comunidad está atenta a los desarrollos de este caso, que no solo afecta a los jubilados sino también a sus familiares y cuidadores, quienes se encuentran en una situación de gran estrés y preocupación. La resolución de este conflicto es crucial para garantizar el bienestar y la dignidad de los adultos mayores, y para asegurar que las autoridades cumplan con sus responsabilidades hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

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