EE UU sanciona al fiscal boliviano Roger Mariaca y el gobierno interino de Rodrigo Paz se enfrenta al dilema

El 15 de septiembre la embajada de Estados Unidos en La Paz emitió un comunicado firme: revocó visas y aplicó sanciones a funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, bajo el argumento de que “no toleramos la narco‑política en el hemisferio y nadie está exento”.

El comunicado y los nombres que aparecen en la lista

El Departamento de Estado, encabezado por el senador Marco Rubio, señaló como uno de los principales sancionados al fiscal general de Bolivia, Roger Rider Mariaca Montenegro. Según la publicación, Mariaca habría aceptado sobornos para facilitar el tráfico de cocaína y proteger a delincuentes violentos, quedando inhabilitado para entrar a EE UU y extendiéndose la restricción a su familia inmediata.

Junto a él, la medida incluye a altos funcionarios judiciales y de seguridad bolivianos: el Fiscal Superior Martín Daniel Irusta Flores, la jueza Albania Chane Caballero Saavedra, el ex ministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne y el coronel de la Policía Frans William Cabrera Quispe, entre otros. La enumeración se integró al relato para mostrar la magnitud del operativo, sin presentar una lista puntual.

¿Quién es Roger Mariaca y cuál es su historial?

Nombrado fiscal general en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS), Mariaca ocupa el cargo hasta 2030. Antes de llegar a la cúspide del Ministerio Público, se desempeñó como fiscal en Santa Cruz de la Sierra, donde, según fuentes locales, cultivó contactos vinculados al narcotráfico.

En el barrio Las Palmas de Santa Cruz se refugió durante años el narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado con apoyo de la DEA y trasladado rápidamente a EE UU. Las investigaciones sugieren que Mariaca habría brindado protección a Marset y a otros capos, alimentando la acusación de “protección narco”.

Respuesta del presidente interino Rodrigo Paz

Frente a la presión externa, el presidente interino Rodrigo Paz, que asumió tras la renuncia de Luis Arce, sostuvo que los acusados deben comparecer ante la justicia boliviana. Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Oviedo, reiteraron la necesidad de que el sistema judicial actúe con independencia, pese a que Mariaca es una pieza clave del mismo.

Paz denunció la “injerencia” de EE UU en asuntos internos, pero admitió que la situación obliga a reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro del Poder Judicial.

Impacto para la justicia boliviana y la relación con Washington

El comunicado dejó clara la intención de EE UU de usar todas sus herramientas para desenmascarar a funcionarios que faciliten la corrupción y el narcotráfico. Bolivia enfrenta un doble reto: demostrar que sus instituciones pueden investigar y sancionar a sus propios miembros sin depender de presiones externas, y evitar que la crisis de confianza erosionen la ya frágil relación con Washington.

El caso revive la sombra de la ruptura diplomática iniciada por Evo Morales, quien expulsó a diplomáticos norteamericanos y se acercó a gobiernos como Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China. Analistas afirman que esa decisión, más allá de lo ideológico, abrió brechas que facilitaron la expansión del narcotráfico en la región.

Con el reloj corriendo, los órganos judiciales bolivianos deberán decidir si inician procesos penales contra los sancionados o si la presión externa seguirá marcando la agenda interna. La respuesta de Paz será observada de cerca tanto por la ciudadanía cordobesa como por los vecinos sudamericanos, que temen una escalada de la narco‑política en la zona.

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